Corte condenó a exgobernador del Cesar por irregularidades en contratación con una ONG
La condena es por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
La Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador del Cesar Rodrigo Canoso Guerrero, a 4 años y 6 meses de prisión domiciliaria por irregularidades en dos convenios con una ONG.
También fue condenado a una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 66 meses, 21 días; y al pago de una multa de 46.076.288 pesos.
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Los hechos por los cuales fue juzgado y condenado en primera instancia tienen que ver con actos ejecutados cuando se desempeñaba como gobernador del Cesar, en el periodo entre el 26 de julio del año 2007 y el 20 de diciembre de ese mismo año. De acuerdo con la sentencia condenatoria, en ese cargo tramitó y celebró los convenios 449 y 500 de 2007, con las fundaciones Funarkgo ONG y la Administradora Pública Grupo APC, respectivamente, violando los principios de transparencia y selección objetiva.
La Sala determinó que esos contratos constituían una auténtica compraventa, de importante cuantía, y eran proyectos que correspondían a funciones propias de la entidad estatal, por lo cual debieron haber sido celebrados bajo las reglas del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública.
La Sala Especial de Primera instancia encontró que, mediante la contratación irregular, se aludieron las modalidades contractuales que exigía la ley, y como consecuencia de ello, se violaron los principios de legalidad, selección objetiva, transparencia y responsabilidad de la contratación administrativa.
“Se produjo una efectiva y grave lesión al bien jurídico tutelado, pues el aforado en ejercicio de su función atentó contra el Estado que representaba y defraudación a la administración pública y en especial a la confianza de la comunidad del departamento del Cesar, en especial a los niños y adolescentes escolarizados, al suscribir dichos convenios que violaron principios de la administración”, enfatiza la sentencia condenatoria, contra la cual procede el recurso de apelación.