Defensoría del Pueblo encontró falencias en el Plan de desarrollo de Santa Marta
Según el ente de control, se deben implementar acciones que garanticen los derechos a la alimentación, educación y vivienda digna.
Defensor del Pueblo en Santa Marta/ Defensor del Pueblo
Santa Marta
Luego de una revisión al ‘Plan de Desarrollo Distrital de Santa Marta, Corazón del Cambio 2020-2023′, la Defensoría del Pueblo encontró falencias en la implementación y desarrollo de políticas públicas que garanticen los derechos a la alimentación, educación y vivienda digna.
“Atendiendo a nuestras competencias constitucionales y sobre la base de la información suministrada por las entidades del orden distrital y el trabajo en terreno, hicimos un análisis juicioso sobre qué está haciendo la administración distrital para que esos tres derechos no sean vulnerados en la capital del Magdalena”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
La Defensoría estableció que, si bien han sido dados pasos importantes en la formulación de la política pública alimentaria en la capital de los magdalenenses, su aplicación no se ve reflejada en un Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Asimismo, se refirió a la educación en el distrito, asegurando que alrededor de 110.00 estudiantes fueron matriculados en el 2022, mientras que, en el 2021, cerca de 115.000, lo que representa una tasa de deserción interanual del 3,74%.
Un total de 22 establecimientos educativos requieren intervención en infraestructura debido al deterioro del cielo raso. El Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Distrito solamente alcanza una cobertura del 61,5%. Hay déficit de 400 profesionales de la educación, entre coordinadores, docentes de aula y docentes orientadores en las instituciones educativas del Distrito.
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Finalmente, se refirió al déficit cuantitativo de vivienda en la ciudad, según la Alcaldía de Santa Marta, es del 13,4%, significa ello que está por encima del promedio nacional (ubicado en el 12,37%). La Defensoría, así mismo, evidenció la ausencia de una política pública habitacional que le apunte a disminuir el déficit tanto cuantitativo como cualitativo en la capital y el departamento.
No existe un censo poblacional actualizado para identificar el número de hogares que se encuentran en los dos déficits relacionados, lo cual no les facilita a las entidades competentes tomar decisiones sobre política pública habitacional.
