Córdoba: más del 50% del departamento estaría en alto riesgo de violencia electoral

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dijo que en 18 de los 30 municipios del departamento de Córdoba existiría un alto riesgo de violencia electoral. La preocupación se concentra en el sur de esta sección del país, donde hay una fuerte presencia de grupos armados ilegales.

De acuerdo con el funcionario, Montería lidera la lista y le siguen zonas como Ayapel, Buenavista, Cereté, Chimá, Chinú, Ciénaga de Oro, Montelíbano, La Apartada, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Libertador, Sahagún, San Carlos, San José de Uré, San Pelayo, Tierralta y Valencia.

“Son 18 municipios del departamento los que presentan un riesgo alto de ocurrencia de hechos de violencia en el marco del certamen electoral. Hago un llamado a todas las autoridades competentes para que nos volquemos como institucionalidad y busquemos soluciones que logren mitigar los riesgos que hemos advertido desde la Defensoría del Pueblo”, dijo el defensor Camargo.

Entre tanto, los municipios de San Andrés de Sotavento y San Antero presentarían un riesgo medio, según el organismo defensor de Derechos Humanos.

• Conflicto armado y las dinámicas de violencia en la región:

En un informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo que comprende el periodo enero – julio de 2023, se detalla que “se identificaron elementos que configuran el conflicto armado y las emergentes dinámicas de violencia en Córdoba, como el fortalecimiento de actividades económicas ilícitas; entre ellas, el narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos conexos. Adicionalmente, se destaca el conflicto originado por la minería y la salvaguarda de los derechos colectivos y medioambientales”.

Asimismo, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis precisó que “uno de los aspectos críticos del conflicto armado en la región ha sido, como en todo el país, el asesinato de líderes sociales. Durante los primeros seis meses del año, fueron registrados seis homicidios de líderes y personas defensoras de los derechos humanos en Córdoba”.

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En ese sentido, señala la Defensoría que “una de las consecuencias del conflicto armado en las zonas rurales del departamento son las dinámicas de la movilidad humana forzada, entre enero y julio de este año fue registrado un evento de desplazamiento masivo forzado en el municipio de Tierralta, con 64 familias (155 personas). En cuanto al riesgo de desplazamiento o confinamiento, se presentó un evento en Puerto Libertador y otro en Tierralta”.

"Insistimos a la institucionalidad y a las autoridades: es determinante implementar las medidas necesarias para que no sigan siendo vulnerados los derechos de las comunidades. Así mismo, es imperativo atender las recomendaciones que hemos entregado a través de nuestras Alertas Tempranas emitidas desde enero hasta la fecha", puntualizó el Defensor del Pueblo