No solo a los congresistas: a los diputados de Cundinamarca también les pagan la gasolina
Fuentes de la Asamblea revelaron que cada diputado del departamento recibe un ingreso mensual de aproximadamente $34 millones, equivalente a 30 SMLV, más camionetas para su movilidad y la gasolina que usan.
No solo a los congresistas: a los diputados de Cundinamarca también les pagan la gasolina, imagen de referencia. (Foto: JOSEPH PREZIOSO/AFP via Getty Images) / JOSEPH PREZIOSO
La controversia sobre los bonos de gasolina para congresistas en Colombia se ha extendido a la Asamblea de Cundinamarca, según informó W Radio. Fuentes internas de la Asamblea han revelado que cada diputado del departamento recibe un ingreso mensual de aproximadamente 34 millones de pesos, equivalente a 30 Salarios Mínimos Legales Vigentes (SMLV). Además, se les asignan camionetas oficiales y se cubren sus gastos de combustible.
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Esta asignación de recursos no es exclusiva para un grupo de diputados, sino que se extiende a todos los miembros de la Asamblea de Cundinamarca. El financiamiento de estas bonificaciones proviene directamente de la Gobernación de Cundinamarca y se administra a través de un comodato, un tipo de préstamo en el que el ente gubernamental asume todos los costos.
Esta información sale a la luz en un contexto de debate sobre el financiamiento público de los gastos de gasolina de los congresistas a nivel nacional. Recientemente, el senador Miguel Uribe reveló una lista de 12 congresistas que recibirán bonos para el pago de combustible, generando una fuerte reacción pública.
Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, desmintió la lista presentada por Uribe, señalando que la cifra actual de beneficiarios es de 18 personas y que estos pagos fueron autorizados por la administración anterior. Rodríguez también proporcionó justificaciones para estos pagos, alegando distintas razones que evitarían que los gastos fueran asumidos por los congresistas beneficiarios.
Este nuevo foco en la Asamblea de Cundinamarca añade otra capa de complejidad al debate en curso, poniendo en tela de juicio la asignación de recursos públicos para funcionarios electos en diferentes niveles de gobierno en Colombia.
