El FBI sí contactó al abogado de José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana

En su entrevista con Cambio el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo aseguró que el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) no se había puesto en contacto con él. Sin embargo, fuentes del gobierno de Estados Unidos –y de la defensa de Melo– dicen que sí hubo un intento de contacto que fue declinado por el abogado del doctor Melo.

En la entrevista Cambio le pregunta a José Elías Melo: ¿El FBI trató de ponerse en contacto con usted?

Y José Elías Melo, responde: Nunca me he puesto en contacto con el FBI.

¿No lo buscaron nunca?– insiste Cambio

Y él responde: Un abogado amigo de mi abogado alguna vez le comentó de un chisme. Eso es todo. A mí nunca me buscaron ni me llamaron y todos saben dónde estoy yo. Mi dirección no cambia hace rato: Cárcel La Picota, vía Usme.

Pues bien, todo indica que fue más que un chisme.

El agente especial del FBI Darcos Cruz llamó al abogado Juan Carlos Prías, defensor de José Elías Melo y le pidió su autorización para verlo en la cárcel. El doctor Prías rechazó la posibilidad argumentando que la presencia de un agente federal de Estados Unidos en la penitenciaría podría poner en peligro la seguridad del doctor Melo, en un proceso en el que no ha se ha establecido –de manera independiente– las causas de las muertes del ingeniero Jorge Enrique Pizano y de su hijo Alejandro Pizano.

Hay que tener en cuenta que el doctor Jorge Enrique Pizano fue la primera persona que alertó al FBI sobre el pago de sobornos en el contrato de construcción de la Ruta del sol.

El miembro del FBI que tuvo contacto con Jorge Enrique Pizano es el agente Orlando Quant, quien hace poco se retiró de la agencia.

Todos los integrantes del FBI trabajan en estrecho contacto con la división de fraude del Departamento de Justicia.

Lo que le querían preguntar a José Elías Melo no tenía inicialmente relación con el proceso del grupo Aval y Corficolombiana sino con otro Proceso de Enjuiciamiento Diferido (DPA por sus iniciales en inglés) el de la compañía Odebrecht que llegó a este mismo acuerdo con el Departamento de Justicia en 2016.

Ese arreglo con el gobierno de Estados Unidos incluye confesiones de funcionarios de Odebrecht, algunos de ellos operaron en Colombia como Luiz Bueno, Eleuberto Martorelli y Eder Paolo Ferracuti. También hay declaraciones de Yesid Arocha, colombiano ejecutivo de la corrupta multinacional brasileña, quien ha declarado ante la justicia de Colombia acerca de varios temas que no han tenido repercusión, uno de ellos los pagos de Odebrecht al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias.

Y ahora vamos a la mayor incógnita de Colombia por estos días: La identidad del “Colombian Official 3″, El funcionario colombiano número 3, de quien dicen estuvo en la rama ejecutiva del poder público entre 2010 y 2018 o por ahí, y que recibió un soborno, de Aval y de Odebrecht, por 3.4 millones de dólares en mayo de 2014, el mismo mes de la primera vuelta presidencial de ese año.

Esa identidad suministrada por el Grupo Aval a través de sus abogados en Estados Unidos está en uno de los papeles del expediente.

En el docket del proceso Estados Unidos contra Corficolombiana, adelantado ante la Corte de Distrito de Maryland, existe un documento marcado con el número 16 que contiene la información entregada durante la comparecencia de Aval y Corficolombiana ante la justicia de Estados Unidos.

Ahí están los nombres y las pruebas presentadas por los abogados de Aval pertenecientes a la firma Davis Polk and Wardwell LLP.

Ese es el único documento que permanece sellado por orden judicial, tal como ustedes pueden verlo en la página de La W.

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La orden de seal fue expedida por el juez de distrito de Maryland Peter Messitte, a petición de los fiscales del caso y del director de la División de Fraude del Departamento de Justicia.

La orden señala “Dado que la información contiene acusaciones detalladas de conducta criminal, la divulgación en un archivo público sin el contexto del acuerdo al que llegaron las partes podría tener consecuencias colaterales adversas para la Compañía, que cotiza en bolsa, y para partes interesadas y accionistas inocentes, y privar a la Compañía y al gobierno de algunos de los beneficios de negociar una resolución antes de que se presenten cargos formales”.

La petición de mantener el documento sellado permanecerá “hasta que el Tribunal haya considerado y dictaminado sobre el acuerdo y cualquier moción asociada para excluir el tiempo bajo la Ley de Juicio Rápido (…) la Orden, la Información y todos los demás documentos presentados en esta acción permanecerán sellados hasta nueva orden del Tribunal”

Nuestra colega Ana Vargas tiene una copia integral del docket, el archivo electrónico del proceso, con la única excepción del documento 16 del que seguramente podremos tener alguna información en los próximos días.