Contraloría: 27 proyectos críticos y 86 procesos de responsabilidad fiscal en Risaralda

Pereira

En medio de la estrategia de seguimiento y control que está realizando la Contraloría General de la República a los procesos de contratación, destinación de recursos y avance de obras en proyectos sociales de todos los departamentos del país, la entidad encontró que en el territorio risaraldense son 27 los proyectos incluidos en el diagnóstico de elefantes blancos u obras inconclusas y proyectos críticos.

El vicecontralor, con funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga, indicó que del total de proyectos ya fueron entregados 10 y hay 17 que continúan en estado crítico, obras que, en su mayoría, corresponden al sector educación, con construcciones o ampliaciones que están a cargo del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE).

Entre las obras del sector educativo cuyo nivel de ejecución e inversión de recursos encendió las alarma de la Contraloría General de la República, se encuentra el Instituto Tecnológico Santa Rosa de Cabal sede Pedro José Rivera, obra con más de 10.700 millones de pesos; el Colegio Popular Diocesano, en Dosquebradas; el Labouré, de Santa Rosa de Cabal; La Presentación, en La Virginia; una institución educativa en Dosquebradas y las instituciones educativas Sagrada Familia y Santo Tomás de Aquino, en Apía.

El ente de control hace un llamado a las autoridades territoriales a que le den prioridad a estos proyectos y pidan respuestas a los contratistas para llevar a feliz término las obras y hacer las entregas a las comunidades beneficiarias.

Igualmente, el ente de control anunció que se están adelantando 86 procesos de responsabilidad fiscal por más de $29.200 millones.

Entre los proyectos en los que más irregularidades en inversión y ejecución de recursos se están investigando, se encuentra el puente Limones, de la vía entre La Virginia y Apía, varios proyectos de vivienda en Santa Rosa de Cabal y el manejo de algunos dineros en el Hospital Universitario San Jorge.

Así lo dio a conocer Carlos Mario Zuluaga, contralor general de la república encargado.

Confirmó también que el ente de control no permitirá que estos procesos precluyan, pues se les aplicará la debida vigilancia utilizando las herramientas técnicas y jurídicas a las que haya lugar para evitar detrimentos al patrimonio público pero permitiendo, por supuesto, el debido proceso a los involucrados en estas investigaciones.