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Odebrecht: sobornos, apropiación de recursos públicos y aportes a campañas presidenciales

11 personas han sido condenadas por actos de corrupción en el caso Odebrecht.

Odebrecht. / NELSON ALMEIDA

Altos funcionarios del Gobierno como ministros y directores de institutos; congresistas, funcionarios públicos de distintos niveles, lobistas, contratistas y particulares, integraron la red ilegal que la multinacional brasileña Odebrecht conformó en Colombia para, a través de sobornos, obtener la adjudicación del contrato Ruta del Sol II.

Las autoridades señalaron que la empresa Odebrecht suscribió el contrato de concesión Proyecto Ruta del Sol, sector II, el 14 de enero de 2010 por valor de $2 billones, cuyo objeto era la construcción y concesión de 528 kilómetros que comunicarían el centro y norte del país.

El pago de sobornos por esta adjudicación alcanzó los $11.493 millones, según la investigación, el dinero fue recibido por un exviceministro que ya recibió una condena.

“Para desarrollar el proyecto, en diciembre de 2012 logró a través de dos congresistas firmar un acuerdo de estabilidad jurídica con el Ministerio de Transporte, lo que le brindó a Odebrecht beneficios tributarios por más de $145 mil millones de pesos en tres años. Varios congresistas, para la época de los hechos, recibieron al menos $3.536 millones por el lobby que realizaron para obtener este beneficio en favor del concesionario”, informó el fiscal Francisco Barbosa.

Añadió, “en desarrollo del proyecto nuevamente buscaron la manera de modificar las condiciones contractuales iniciales. Entre marzo y octubre de 2013 se suscribieron ocho otrosíes que causaron un detrimento al Estado colombiano por más de 120.000 millones de pesos, por cuanto se cancelaron tramos que no se ejecutaron, así como por el no cobro de multas por incumplimientos en la ejecución de la obra y modificaciones en el objeto contractual. Los ocho restantes otrosíes les facilitó obtener flujo de caja, eliminar y adicionar obras y, ajustar el presupuesto en favor del contratista”.

“Se estableció que varios funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), encargados de proyectar, aprobar y materializar tales pretensiones habrían recibido en sobornos más de 1.028 millones de pesos. Finalmente, con la suscripción de dos otrosíes se autorizó le ejecución de estudios y diseños para la construcción del tramo ´Ocaña – Gamarra´, con el primero de ellos por valor de $3.177 millones se realizaron los estudios y deseños y con el otro se autorizó, en contravía de los presupuestos que rigen la contratación pública, la construcción y ejecución del tramo por un valor superior de $676 millones. Actuar que les permitió a través de una adición de una obra en contravía del objeto pactado en el contrato original, la cual no contó con los conceptos y estudios del COMPES y el CONFIS, normas exigidas para el efecto”.

“Para obtener la adjudicación de este nuevo tramo, presuntamente se pagó a congresistas, políticos, empresarios, particulares, contratistas y funcionarios de la ANI un monto superior a los $53.000 millones”.

Desde Cartagena la Fiscalía reveló que, el entramado delincuencial tenía 3 fases una de ellas era conseguir los mega contratos, modificar el objeto del contrato y cancelar dádivas.

El ente acusador manifestó que, en al menos ocho años la multinacional Odebrecht, empresa dominante del Consorcio que ejecutaba la Ruta del Sol II, se apropió de recursos públicos en beneficio propio, así como para el pago de sobornos por más de 80.000 millones de pesos

“Desde la sede matriz de la empresa en Brasil se creó el Departamento de Operaciones Estructuradas, dedicado exclusivamente a la distribución de sobornos en todo el mundo y con lo cual consolidaron su accionar delincuencial. Este modelo se replicó en Colombia, con ofrecimientos y entrega de dinero contaron con la ayuda de altos funcionarios del gobierno como ministros y directores de institutos; congresistas, funcionarios públicos de distintos niveles, lobistas, contratistas y particulares”, dijo la Fiscalía.

Detalló, “pago de sobornos por más de $79.000 millones, beneficios tributarios por más de $145.000 millones, beneficios contractuales por conceptos de Otrosíes en más de $190.000 millones, aportes a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos de $3.540 millones y aportes a la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga de $3.045 millones”.

Odebrecht le debe al estado más de 494.000 millones de pesos producto de actividades ilegales.

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IMPUTADOS POR SOBORNOS

La Fiscalía anunció que formulará cargos a directivos de la multinacional Odebrecht como presuntos determinadores y articuladores de la apropiación ilegal de recursos públicos.

“Se trata del presidente del Conglomerado Odebrecht entre 2008-2015, Marcelo Odebrecht; el presidente de la Concesión Ruta del Sol II en 2010, Eder Paolo Ferracutti; Luiz Antonio Mamerri, Eleuberto Antonio Martorelli, Luiz Antonio Bueno Junior, Ricardo Paredes, Yezid Augusto Arocha, Amilton Hideaki Senday, Luiz Batistas Filho, Marcio Marangonni, Manuel Ricardo Cabral Ximenez y Luiz Claudio Texeira”, informó.

Estas personas serán imputadas por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.

En medio del proceso también fueron citados a imputación varios contratistas, “se formulará cargos contra los dos representantes legales de la empresa Midas S.A.S., Wilson Ruiz Tello y Carlos Emilio Abuabara Vega, por lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad ideológica en documento privado, porque habrían suscrito dos contratos por valor de $3.931 millones. De este contrato se habría direccionado $2.000 millones al lobista Otto Bulla”.

“El exalcalde de Gamarra (Cesar), Gabriel Alberto Giraldo Escudero, y su hermano Jaime Heli Giraldo Escudero, por su intervención en la Compañía Midas S.A.S, para el pago de los sobornos; por último, a los Socios propietarios de Midas S.A.S. Lina María Bermúdez Aljuri y Diego José Mantilla Velásquez, serán imputados por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares ya que habrían permitido usar su empresa para entregar dinero a terceros por disposición de los directivos de Odebrecht”.

Luis Bernardo Villegas Giraldo, es llamado a imputación por presuntamente realizar lobby ante funcionarios de la ANI para que rindieran concepto favorable de cuatro de los otrosíes del contrato 001 de 2010, por el cual se adjudicó la Ruta del Sol II, al parecer recibió en total $9.542 millones”.

La Fiscalía sostuvo que, el cobro de sus honorarios habría sido cancelado por intermedio de tres empresas, la primera de ellas, era de su esposa Carolina de Nubila, la otra de su hijo Andrés Felipe Villegas Aguirre, y la tercera, de Hugo Alejandro Buitrago Beltrán, “a estas cuatro personas la Fiscalía les formulará cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares”.