Fiscal Barbosa pidió a la CIDH medidas cautelares tras plan del ELN para asesinarlo

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, radicó este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una solicitud de medidas cautelares para él y su familia, esto con el objetivo de garantizar la protección de los derechos a la vida, honra, integridad personal y dignidad, esto luego de haber quedado al descubierto el plan del grupo armado ilegal del ELN para atentar en su contra.

Hace menos de una semana se conoció que el ELN desde Venezuela y al mano de alias ‘El Rolo’, estaría planificando un atentado con francotiradores contra el fiscal Barbosa.

El documento de 150 páginas que radicó el jefe del ente investigador y acusador de Colombia, incluye toda la investigación y los informes de inteligencia militar que advierten que además, esa guerrilla estaría capacitando personal en el vecino país para que el ataque sea efectivo.

En el documento también se señala que se estarían pagando 3.000 millones de pesos para quitarle la vida al fiscal Francisco Barbosa, que ha sido crítico con la búsqueda de la ‘Paz Total’, argumentando que se debe garantizar el cumplimiento de la Constitución y la Ley.

“La solicitud de medidas cautelares fue radicada con fundamento en los hechos de relevancia y gravedad que se han venido presentando como la existencia de un plan para atentar en contra del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, por parte del Grupo Armado Organizado al margen de la Ley autodenominado Ejercito de Liberación Nacional (ELN), el cual fue desestimado por el Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República, a pesar de existir tres fuentes de carácter oficial que dan cuenta de esta información”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Igualmente, se señaló en el documento que existe una campaña de criminalización en contra del Fiscal Barbosa, y que quedó en evidencia en más de 100 denuncias temerarias entre otros hechos por sedición, “traición a la patria”, abuso de autoridad, prevaricato, falsas alianzas con grupos paramilitares como las llamadas autodefensas Gaitanistas de Colombia o ‘Clan del Golfo’.

Cabe recordar que, en su momento el fiscal Barbosa se negó a levantar las órdenes de captura contra miembros del ELN, tras analizar que la petición del Gobierno Nacional no cumplía con los requerimientos que exige la ley.

Ante la CIDH también se denunció la campaña de desprestigio en redes sociales en contra de Barbosa “por parte de sectores sociales y políticos del Estado, que a través de cuestionamientos buscan obstaculizar e impedir el ejercicio autónomo e independiente del ente investigador y acusador. Estos hechos se han materializado en agresiones institucionales, como manifestaciones que terminan en actos de vandalismo contra los bienes públicos de la entidad”.

En un comunicado emitido por la Fiscalía, se señala que ha sido precisamente la independencia y autonomía con la que el jefe del ente investigador y acusador en Colombia, lo que ha generado esta situación que pone en riesgo su vida e integridad.

“El aumento del nivel de amenaza y riesgo del fiscal General de Colombia, como consecuencia del ejercicio autónomo e independiente de la función constitucional a su cargo, sin que exista la suficiencia de medidas que garanticen la protección a sus derechos fundamentales y los de su grupo familiar”.