Consejo de Estado se pronunciará sobre revisión de sanciones a elegidos por voto popular
El Consejo de Estado no se ha puesto de acuerdo sobre la revisión de las sanciones de la Procuraduría General de la Nación a elegidos por voto popular.
Consejo de Estado. Foto: Colprensa. / Colprensa/Archivo
El Consejo de Estado anunció que pronto se pronunciará con una sola postura sobre las sanciones de la Procuraduría a elegidos por voto popular, luego de que la Corte Constitucional con la reforma a la Procuraduría General de la Nación, determinara que la última palabra la tendría el Consejo de Estado, por medio de la revisión automática y para cumplir con el fallo de la Corte IDH por el caso de Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá.
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Esta decisión generó controversia hasta tal punto, que algunos consejeros de estado se han negado a revisar los fallos de la Procuraduría, bajo el argumento de que no son la última instancia de un ente de control. Cómo lo fue el caso de la alcaldesa de Arjona, Esther María Jalilie, que luego de ser sancionada por la Procuraduría, el Consejo de Estado con ponencia del magistrado Gabriel Valbuena, no solo se negó a realizar la revisión, sino que recientemente negó el recurso extraordinario de revisión de la alcaldesa.
Sin embargo, otros magistrados si han decidido aplicar la revisión automática que ordenó la Corte Constitucional con la reforma a la Procuraduría C-030 de 2023.
De hecho, el ministerio Público también le pidió al Consejo de Estado pronunciarse en cumplimiento de esta sentencia.
Por lo que finalmente el alto tribunal decidió asumir el conocimiento para proferir un auto de unificación por la importancia jurídica, trascendencia social y necesidad de sentar jurisprudencia, el cual será estudiado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
Recordemos que, así como el magistrado Valbuena se negó a realizar el control automático, la magistrada Myriam Stella Gutiérrez sí admitió una revisión del exalcalde de Taminango, Nariño, Miller Leonardo Urbano, destituido e inhabilitado en 2022 para ejercer cargos públicos por 10 años, bajo el argumento de que, a pesar de no conocer el fallo completo de la Corte Constitucional, la Procuraduría ya remitió todas las pruebas pertinentes para hacer la revisión.
Esta decisión es muy importante porque todavía hay suspenso sobre la revisión automática que aplicará el Consejo de Estado, así que se espera que la sala plena revuelva y unifique jurisprudencia.
