Procuraduría pide a la JEP aceptar el sometimiento de Salvatore Mancuso

La W conoció en exclusiva por fuentes en la JEP, el documento en el que la Procuraduría General de la Nación le solicitó formalmente a esa jurisdicción aceptar el sometimiento del excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso Gómez.

En el escrito de 29 páginas en poder de W Radio, el ministerio público consideró que en las audiencias adelantadas en el mes de mayo, así como en los aportes adicionales que realizó ante la magistratura por escrito (conocidos por La W), Mancuso cumplió con los requisitos mínimos de aportes a la verdad para ser considerado como compareciente en calidad de sujeto incorporado a la Fuerza Pública.

“Ha suministrado información a partir de la cual puede inferirse que en efecto se vinculó material y orgánicamente con la fuerza pública y sirvió de punto de conexión entre el aparato militar y el paramilitar (...) A partir de todo ello puede inferirse que el aspirante a compareciente ha cumplido con lo requerido por lo cual el Ministerio Público solicita se admita en calidad de compareciente”, señala uno de los apartes del concepto de 29 páginas en poder de La W.

Dentro de las valoraciones que realizó la Procuraduría para hacer la explosiva solicitud, calificó los aportes de Mancuso como relevantes para el esclarecimiento, y una actitud proactiva en la colaboración con la verdad, sin dejar de advertir que, según su criterio, pudo percibir que aún guarda información para allegarla en un escenario posterior tras ser admitido.

“Se trata posiblemente del actor más conectado en toda la alianza militares y paramilitares, y el que más información debe poseer de las sub-redes de la red criminal. En sus manos debe reposar información sobre todas esas relaciones sociales que hicieron posible la estabilización de la estructura criminal”, concluyó el ministerio público.

Los aportes de Mancuso valorados por la Procuraduría para adoptar esa postura

De hecho, al desmenuzar una a una las audiencias rendidas por Mancuso, la Procuraduría resaltó aportes, como, por ejemplo, las menciones sobre una supuesta injerencia del general Naranjo (para ese momento coronel) en la liberación de Mancuso junto a ‘Jorge 40′ en 1996 cuando habían sido detenidos, y supuestas bajas producto de la masacre de Pichilín entregadas al general Iván Ramírez Quintero “para que las reportaran como ocurridas en combate”.

También, por ejemplo, el ministerio público valoró información sobre la masacre de Mapiripán donde Mancuso reafirmó la responsabilidad de los paramilitares y habló incluso de reuniones con el esmeraldero Víctor Carranza para ese fin; asimismo, resaltó los datos sobre un secuestro de un comandante del ELN ‘Byron’ con la ayuda del general Mauricio Santoyo, entregándolo a los Castaño, según el aporte.

Por otra parte, frente a los temas de despojo de tierras, la Procuraduría calificó positivamente la información entregada por Mancuso tanto en audiencia como en un documento reservado, sobre casos como el de Tulapas donde sostuvo que el plan de despojo tuvo como inicio una operación militar-paramilitar, y las Autodefensas fueron financiadas para ello por el empresario William Vélez Sierra “quien aprovechó el control territorial de la zona por parte de los paramilitares para comprar tierras”, según destaca la Procuraduría.

Frente a las campañas políticas, la Procuraduría describió los aportes realizados y ampliados por Mancuso, resaltando que dentro de lo mencionado por el exjefe paramilitar “expresó, como información complementaria, que nunca se investigó la conducta del señor Luis Carlos Ordosgoitia, a quien, únicamente, se le procesó por el pacto de ‘Ralito’, pero no por la mediación que realizó entre el gobierno y las AUC” en 1998.

Asimismo, sobre la votación presidencial del 2002 se referenció lo dicho por Mancuso frente a que “las AUC intervinieron en favor de la candidatura comprometida con la “lucha contrainsurgente”, para lo cual contaron con información que entregó la Registraduría Nacional y esto permitió direccionar la votación”.

En el poder judicial, la Procuraduría narró que Mancuso sostuvo que, por supuesta petición del ex vicepresidente del Partido Conservador, Julio Manzur, y Jaime García Exbrayat, fue elegida directora del CTI Rosalba Negrete y “se acordó no adelantar investigaciones penales en contra de integrantes de las AUC”.

Los puntos pendientes de mancuso según la Procuraduría

A pesar de solicitarle formalmente a la JEP que acepte al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, la Procuraduría sí hizo hincapié en varios puntos que debe complementar el excomandante de las Autodefensas de cara a un eventual trasegar dentro de la jurisdicción, entre ellos por ejemplo dar los nombres de los militares venezolanos con los que se fraguó la desaparición de cuerpos en la frontera con ese país.

Asimismo, se le solicitó ampliar frente a su papel de “bisagra” en operaciones militares donde actuaron en conjunto fuerzas militares y las Autodefensas, así como en masacres como la de “Turbaco”. También, se le pidió al exparamilitar que hable más a profundidad sobre la información que pudiese tener frente al empresario William Vélez y aliados en el DAS a toda escala.

Finalmente, la Procuraduría delegada le criticó a Mancuso por los pocos aportes que dio frente a su conocimiento sobre la creación del Bloque Calima de las AUC, solicitándole que amplíe lo conocido hasta el momento, así como en sus acusaciones contra Ecopetrol.

“Muy pronto, con seguridad y tras una mayor ampliación en la información, -por la vía del traslado de copias a los órganos de investigación judicial competentes-, podrá saber el país de quiénes se trata. Los temas gruesos tienen que ver con el control político, económico, militar y electoral y si bien no está, este delegado en condiciones de afirmar categóricamente que fuese información completamente nueva, si da fe de su relevancia”, sentenció el ministerio público sobre los datos entregados por Mancuso en las audiencias reservadas.