“Ordenó recibirle muertos a las AUC”: el escrito de acusación contra Hernán Mejía

La W conoció el escrito de acusación con el que la Fiscalía de la JEP (Unidad de Investigación y Acusación- UIA) llamó a un nuevo juicio, esta vez en la justicia transicional, al coronel en retiro Hernán Mejía, por 72 falsos positivos en su calidad de excomandante del Batallón La Popa y señalándolo de ser un criminal de guerra y de lesa humanidad.

El fiscal del caso, dentro de sus conclusiones, calificó a Mejía como un engañador de la población que organizó un aparato de poder ilegal dentro del Batallón para cometer asesinatos de civiles, en muchos casos en alianza con los paramilitares, para hacerse ver como el “mejor oficial del Ejército Nacional”.

Dentro de la acusación formal contra Mejía, el fiscal sentenció que se alió con los paramilitares del Frente Mártires del Cesar al mando de David Hernández, ‘39′, y que distintos exparamilitares y subalternos señalaron las reuniones de Mejía con los “paras”; todo lo anterior, con miras a recibirles muertos para presentarlos como bajas propias, recibirles personas vivas para que sus soldados las asesinaran y presentaran (por lo menos siete casos), entre otros patrones criminales.

“Dirigirse en compañía del pelotón espoleta al mando de Mora Quiñones al sitio conocido como las raíces en donde habría de encontrar a una persona muerta para ser presentada como un resultado operacional” refiere la Fiscalía sobre una de las falsas bajas coordinadas entre militares y AUC.

De hecho, la Fiscalía da cuenta de las poquísimas operaciones de Mejía contra los paramilitares, y detalló el tipo de víctimas asesinadas por sus subalternos, entre las que aparecen desempleados, campesinos, publicistas y hasta 4 recicladores.

“Publio Hernán Mejía coordinó con alias ‘39′ el supuesto resultado operacional en el sector en el que presuntamente habría ocurrido un hecho de piratería terrestre y en el que estuvieron involucrados miembros del grupo paramilitar. El objetivo era mostrarle a la opinión pública una falsa percepción de seguridad”, señaló la Fiscalía de la JEP en uno de los hechos narrados por los que acusó al coronel en retiro.

También concluyeron en la acusación que lleva a Mejía a juicio que se falseó información de los supuestos informantes que acreditaban la condición de guerrilleros de las víctimas, se plasmaban mentiras en las declaraciones y aunque en ocasiones los familiares se acercaron al batallón para hablar con el coronel Hernán Mejía, la Fiscalía de la JEP y las propias víctimas afirman que “este nunca les dio la cara”.

Asimismo, en el documento de 316 páginas se desnudaron las presuntas inconsistencias en el batallón de Mejía en temas como documentación con ausencia de firmas, ausencia de actas de gasto de munición, ausencia de boletines de inteligencia y cantidad desproporcionada de gasto de munición entre otros.

“Llegan allá y nos felicita la juez, mi coronel Hernán Mejía. Mi mayor Ruiz (José Pastor Ruiz), la juez también fue, nos llevan pollo, medio pollo, y nos llevan plata: $500.000 pesos a cada uno, nos felicitan que muy bien que excelente” señaló el cabo Mike Pacanchique en declaración recogida por la UIA.

En el escrito de acusación se expuso un apartado importante sobre la omisión de la justicia penal militar para investigar los crímenes, así como presuntos fraudes judiciales por parte de estos funcionarios como la Juez Penal Militar 90 de la época, a la que al parecer se refiere el cabo Pacanchique.

También se mencionó el letargo en las actuaciones judiciales donde hubo términos de hasta 10 años para el inicio formal de investigaciones en la justicia ordinaria, detallando casos como el de un proceso a cargo del Juzgado 15 penal militar de Brigada a cargo de la juez Heidy Jhojanna Zuleta Gómez, quien en 2010 no quiso entregarle el expediente al fiscal que lo solicitaba ante las serias dudas de un falso positivo, y el asunto tuvo que ir hasta el Consejo Superior de la Judicatura para su definición.

También se criticó que por ejemplo en el proceso que dio con la medida de aseguramiento contra el coronel Hernán Mejía Gutiérrez por uno de los casos de falsos positivos, la procuradora Olga Lucía Pineda Villamizar pidió en 2015 preclusión de la investigación a favor del coronel hoy condenado y enfrentando un nuevo juicio (de hecho la Fiscalía de la JEP compulsó copias para que se investigue las presuntas omisiones de jueces penales militares, procuradores y fiscales).

Finalmente, en el escrito también se relacionó la presunta responsabilidad penal del coronel José Pastor Ruiz Mahecha (quien tampoco aceptó cargos), señalando que conocía del fenómeno delincuencial, participó de él así como de los planes criminales del coronel Mejía Gutiérrez y sabía de las alianzas con las Autodefensas.

Adicionalmente, se indicó que en el caso de una de las víctimas hubo un falso positivo en 2003 con una orden de operaciones llamada Delta avalada por el coronel Juan Pablo Rodríguez Barragán, (excomandante de las Fuerzas Militares) cuando se desempeñaba como comandante del Comando Operativo Número 7 y autenticada por un mayor de apellido Morales quien era su oficial de operaciones.