Aplazan audiencia de imputación contra militares por operación en Alto Remanso
La Fiscalía General de la Nación imputará cargos a los militares que participaron en la operación de ‘El Remanso’, en el departamento de Putumayo.
Bazar donde se desarrolló el operativo militar en la vereda del Alto Remanso en Putumayo. Foto: Caracol Radio
Aunque todo estaba listo para que esta semana, la Fiscalía General de la Nación imputará cargos a los militares que participaron en la operación de ‘El Remanso’, en el departamento de Putumayo, en donde murieron 11 personas, según los testigos en medio de un bazar comunitario, fue aplazada la audiencia.
La razón se debe a la solicitud para que el caso llegara a la Justicia Penal Militar que elevaron los abogados de los militares en el mes de junio, por lo que la última palabra la tiene la Corte Constitucional que tendrá que definir en donde se juzgará el caso. “La anterior decisión, obedece a la solicitud que, en precedencia fuese deprecada por los mandatarios judiciales de parte de los indiciados, aduciendo conflicto de competencia, impedimento que fue resuelto a través de proveído de fecha 23 de junio de 2023, y, remitido para lo de su cargo ante la Honorable Corte Constitucional”.
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“Así mismo, se allego auto de 27 de junio de los cursantes, proferido por el juzgado 106 de instrucción penal militar de Puerto Leguizamo, donde provocan un conflicto positivo de competencia, trámite que, igualmente fue remitido para ante la Honorable Corte Constitucional”, señala el documento donde se da a conocer la decisión.
En total son 24 los militares que están incluidos dentro de la investigación de la entidad: allí se incluyen nombres como el del brigadier general, Walther Adrián Giraldo Jiménez, el coronel Carlos Mauricio Salgado Romero, coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, capitán Jorge Erney Marroquín Cadena, el teniente Julián Ernesto Ávila Martínez, sargento segundo Andrés Quiñonez Mendoza, y los cabos primeros Wilson Santamaría Ramos y Wilmer Rodríguez Arango, entre otros uniformados.
“Por lo expuesto y, ante los hechos jurídicamente relevantes que acontecen dentro del asunto, no es posible desarrollar la diligencia de control de garantías que se tenía fijada con antelación. Consecuentemente, una vez como se obtenga pronunciamiento de la máxima autoridad constitucional, se adoptará las decisiones del caso y se notificara en debida forma a los sujetos procesales”, finaliza el documento.