Gobierno activará mecanismos para extradición de Mancuso: “su presencia es imprescindible”
La designación como gestor de paz de ninguna manera exime de responsabilidades penales, investigaciones o sanciones a exmiembros de las AUC, que deberán seguir compareciendo ante los entes judiciales que les requieran.
Gustavo Petro, presidente de Colombia (derecha) y Salvatore Mancuso (izquierda) en audencia JEP. Fotos: Getty Images y JEP.
A través de un comunicado la Oficina del Alto Comisionado para La Paz, en cabeza de Danilo Rueda defendió la última decisión del presidente Gustavo Petro de designar al exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso como nuevo gestor de paz en la búsqueda de la paz total que ha propuesto el mandatario. Asimismo, confirman que trabajan para que Mancuso sea extraditado a Colombia.
“El Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia activarán los mecanismos diplomáticos necesarios para concretar el requerimiento de extradición de Salvatore Mancuso a Colombia”, aseguran.
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Así mismo, aseguran que la presencia de Mancuso en este proceso de la búsqueda de la Paz es fundamental.
“En julio de 2022, Salvatore Mancuso Gómez, quien fuera uno de los mandos de las AUC, expresó públicamente su convicción de contribuir a la agenda de la Paz Total y su disposición para cumplir con las tareas propias de una gestoría de paz como exmiembro de ese grupo armado. Su presencia en el territorio nacional es imprescindible, y deberá cumplir con las exigencias que deriven de la libertad a prueba de la Sala de Justicia y Paz”.
Por otra parte, indican que, en ningún momento este tipo de designaciones irrespetan la autonomía judicial en el país. Además, esta política de Paz Total de la honra los compromisos asumidos en los acuerdos de paz firmados por el Estado colombiano desde el 2003.
“En el marco del desarrollo de la política de paz hemos recibido solicitudes de varios exmiembros del grupo armado organizado al margen de la ley Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para ser designados gestores de paz. Todas estas peticiones se encuentran en estudio, y cualquier decisión al respecto respetará la autonomía del sistema judicial colombiano y los acuerdos de cooperación judicial con otros países”, dicen.
Además, señalan que, cada caso de gestores de paz se está evaluando bajo la normativa necesaria.
“El Gobierno Nacional está analizando cada uno de estos casos a la luz del derecho interno, en particular del Decreto Reglamentario 1175 de 2016, y del Derecho Internacional, en el marco de acuerdos humanitarios en los cuales cada gestor de paz exAUC deberá asumir compromisos de reconocimiento de responsabilidad e identificación en el despojo de tierras y desapariciones forzadas, entre otras conductas punibles que aún requieren esclarecimiento y reparación”, agregan.
De igual forma, reiteraron que como se dijo en 2022, este proceso se adelanta con otros exmiembros de las AUC.
“Como lo hemos informado anteriormente, a partir del 2022, por solicitud de exmiembros de las AUC y sus apoderados judiciales, se inició un proceso con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en presencia de testigos internacionales. En estos encuentros se valoraron los potenciales aportes a la paz y se acordó la creación de mesas técnicas con rutas de trabajo para abordar avances y asuntos por resolver respecto de la aplicación de la Ley 975. Este proceso arrojará recomendaciones que serán puestas a consideración de la sociedad y de las instancias de decisión para dar cierre a los procesos judiciales de la Ley 975 de exintegrantes de las AUC”.
Finamente, aseguraron desde la oficina que rechazan cualquier tipo de “presión, intimidación o amenaza que, con ocasión de este proceso, se haya dirigido o pueda dirigirse en contra de magistrados, jueces o fiscales”.
