Ómar Andrés Camacho es el nuevo ministro de Minas y Energía del Gobierno Petro

El ingeniero eléctrico Ómar Andrés Camacho fue el elegido por el presidente Gustavo Petro para ser el nuevo ministro de Minas y Energía.

Aunque su hoja de vida había sonado y había sido publicada en la página de la Presidencia de la República para ser el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), hoy llega a esta cartera tras la salida de Irene Vélez.

Según el portal Congreso Visible de la Universidad de los Andes, Camacho Morales, oriundo de Bogotá, es “hijo de la educación pública”: es licenciado en Física de la Universidad Francisco José de Caldas, tiene una maestría en Administración de la Energía y sus Fuentes Renovables y cuenta con un doctorado en Ingeniería.

El nuevo ministro se despeñaba como asesor del despacho de la exministra Irene Vélez, pero también estuvo en la Unidad de Trabajo Legislativo de María José Pizarro. Además, es docente universitario y columnista de varios portales de opinión.

En el pasado, Camacho fue candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC (hoy, Partido Comunes), vocero de Marcha Patriótica Bogotá y del comité Unidos Revocamos a Peñalosa. Además, fue secretario general de la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia FEU.

Cabe recordar que Camacho llega al cargo luego que la misma Irene Vélez renunciara a su cargo la semana pasada para permitir que los diferentes organismos adelanten las investigaciones correspondientes por irregularidades que la señalarían de un posible conflicto de intereses.

Las polémicas de Irene Vélez como ministra de Minas

Irene Vélez, exministra de Minas y Energía, dio a conocer el pasado miércoles 19 de julio su carta de renuncia al Gobierno Nacional luego de que, como conoció La W, el presidente Petro se la hubiera pedido.

Lo que puso sobre las cuerdas a Vélez fue el último escándalo que reveló un posible tráfico de influencias para que su hijo menor de edad pudiera salir del país sin necesidad de los documentos requeridos por Migración Colombia. De ahí a que la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación abrieran una serie de investigaciones para esclarecer los hechos.

Días atrás, la noticia fue el contrato por prestación de servicios otorgado a su esposo.

El realizador audiovisual Sjoerd Van Grootheest fue contratado por el Fondo Colombia en Paz por $128.770.000 millones de pesos para liderar una estrategia de comunicación sobre sustitución de cultivos ilícitos.

Lo que llamó la atención fue que en su última declaración de conflictos de interese, Vélez había dicho que no tenía pareja permanente. Luego, justificó lo ocurrido como un “error de digitación”.

Tal vez la salida en falso con más peso fue la publicación del informe Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa, con el que sustentó que Colombia no necesitaba nuevas exploraciones de gas porque las reservas para consumo interno podrían alcanzar hasta 2042.

El propio José Antonio Ocampo salió a “apagar el incendio”, como era costumbre cuando estaba en su cargo de ministro de Hacienda, y varios funcionarios de la cartera de Minas y Energía argumentaron que no fueron consultados o que sus firmas fueron puestas sin conocimiento, puesto que no habían aprobado el documento en su totalidad.

Una de ellas, fue la viceministra Belizza Ruiz, quien renunció al cargo.

Vélez se enfrentó a dos mociones de censura. En la primera obtuvo 24 votos a favor de removerla y 132 en contra; y en marzo sobrevivió a la segunda, convocada por los senadores de oposición David Luna y Miguel Uribe Turbay. Fueron 57 votos contra 16 en esa oportunidad.

“Quienes hoy la apoyan asumirán también la responsabilidad política de la destrucción que este gobierno representa”, sentenció Uribe Turbay en su momento.

Pero lo que no lograron las mociones de censura, los errores de digitación, los argumentos desaliñados y la falta de rigor para sacar a Vélez del cargo lo alcanzaría una llamada telefónica para ejercer presión indebida.