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JEP protege cementerios en Carepa y Mutatá por enterramientos de falsos positivos

La magistratura adoptó tal decisión tras la confesión de varios exmilitares quienes revelaron la disposición de varios cuerpos en tales camposantos y en condición de no identificados.

Falsos positivos. Foto: Getty Images / Gerardo Gómez

Falsos positivos. Foto: Getty Images / Gerardo Gómez

La magistrada Nadiezhda Henríquez de la Sala de Reconocimiento de la JEP decretó medidas cautelares sobre los cementerios católicos de Mutatá y Carepa, Antioquia, por la presunta presencia de restos óseos de víctimas de falsos positivos que fueron dispuestos allí tras ser asesinadas por el Batallón Contraguerrillas 79 del Ejército, así como en acciones armadas de otros grupos.

La decisión fue adoptada luego de realizar una inspección judicial a varios sitios de los cementerios de esas dos poblaciones en compañía del compareciente Levis Contreras, imputado por falsos positivos en Dabeiba, y quien señaló varios sitios donde habrían sido enterradas las personas asesinadas.

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“El despacho pudo constatar que el cementerio del municipio de Mutatá existe un riesgo de pérdidas o sustracción de cuerpos de los lugares de enterramiento, el cementerio se ubica en un lugar despoblado, a orillas de la carretera que conduce de Apartadó a Medellín, sin mayor control para el acceso a dicho lugar” sentenció la magistrada.

De hecho, se reveló en la decisión que uno de los cuerpos señalados por el responsable Contreras, llamada “Jhoana” fue ya retirado sin explicación del lugar donde había sido dispuesto. Según cifras de la JEP, en solo el cementerio de Mutatá el número de desaparecidos pasaría de 100.

En el cementerio de Carepa la situación no es distinta, allí también, según la JEP, visitaron el camposanto en compañía de Contreras y fueron señalados varios sitios donde podrían estar enterradas al menos 35 víctimas de desaparición tras su fallecimiento a manos de efectivos de la Brigada 17.

“Algunos de los hallazgos de esta Diligencia Judicial, consistieron en la evidencia de nuevas construcciones en lugares donde el compareciente Contreras Salgado señaló que era uno los lugares dispuestos para que la Brigada 17 depositara en fosas comunes a víctimas del conflicto armado, en condición de no identificados” alertó la magistratura.

Frente a esta grave situación de acuerdo con la JEP se adoptó proteger por los próximos seis meses los lugares prohibiendo cualquier construcción o remodelación que pueda afectar la estructura de los cementerios; además se ordenó a la Fiscalía de la JEP adelantar de forma urgente las excavaciones y posibles recuperaciones en los puntos delimitados.

Adicionalmente, se solicitó a los Hospitales municipales de Mutatá y Carepa entregar copia de las actas de levantamiento de cadáveres entre 1986 y 2016 frente a personas que hayan sido declaradas como no identificadas y enterradas en condición de NN en dichos cementerios para estudio.

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