JEP podría citar a los expresidentes Uribe y Santos por falsos positivos

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la apertura de la línea de investigación a escala nacional por falsos positivos, en la cual se concentrará en las posibles responsabilidades de altos mandos de Divisiones, Comandos Conjuntos, así como el Comando General entre 2005 y 2008, unidades en las que estuvo el general Mario Montoya (quien será citado).

En el marco de tal decisión también indicaron que no se concentrarán ni priorizarán las líneas de investigación por subcasos, es decir territoriales; la intención será seguir escalando en la línea de mando en tal periodo de tiempo como aquel en el que se presentó la mayor cantidad de crímenes de ese tipo.

“Se trata de identificar si hay o no bases suficientes para determinar que miembros de la fuerza pública en el nivel divisional y/o nacional tuvieron conocimiento de la sistematicidad y generalidad de los crímenes. Si participaron de manera directa o indirecta, por acción u omisión en las políticas o patrones de macrocriminalidad” indicó la Sala.

Al mismo tiempo, la magistratura le abrió la puerta a la citación en calidad de testigos a funcionarios del gobierno Uribe entre 2005 y 2008, incluyendo en su momento, si hay mérito para hacerlo, citando a testificar al exministro de defensa Juan Manuel Santos, así como al expresidente Álvaro Uribe.

“La JEP convocará a diligencias de declaración jurada, en calidad de testigos, a aquellos agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública que hicieron parte del Gobierno Nacional cuando se presentaron estos graves hechos” señalaron los magistrados Óscar Parra, Catalina Díaz y Alejandro Ramelli.

Particularmente, hicieron referencia a puntos claves que permitieron, para la JEP, que los falsos positivos se expandiesen en distintas partes del territorio nacional: la Directiva 029 de 2005 del Ministerio de Defensa, la política de conteo de cuerpos, así como los incentivos para la presentación de bajas en combate.

En el mismo sentido advirtieron que frente a aquellos agentes del estado no integrantes de la fuerza pública que pudiesen ser responsabilizados por el fenómeno criminal y no sean competencia de la JEP, se procederá a compulsar copias en su contra ante las autoridades pertinentes.

También revelaron que no se dará inicio a nuevas líneas de investigación territorial como las que se adelantaron en Catatumbo, Huila, Cesar y otros departamentos; las zonas que no han sido priorizadas seguirán siendo investigadas, pero para nutrir el caso nacional.

“La Sala abordará los crímenes cometidos en territorios no priorizados a través de la investigación de hechos ilustrativos en el marco de una estrategia robusta de participación de víctimas y justicia restaurativa. No se abrirán nuevos subcasos territoriales” señaló la Sala.

Adicionalmente, expresaron que tal priorización obedece a los criterios temporales de funcionamiento que tiene la JEP (20 años) y a que hasta el momento no se ha mencionado una posible prórroga del mandato.