Imputación para Óscar Iván Zuluaga, impunidad para Daniel García Arizabaleta

En unos minutos, empieza la audiencia de imputación de cargos contra el exministro de Hacienda y excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y contra su hijo, David Zuluaga, quien fuera gerente de su campaña presidencial en 2014.

La prueba reina contra Zuluaga está en la grabación subrepticia que le hizo su cómplice Daniel García Arizabaleta y que demuestra que sabía perfectamente lo que negó por tantos años: que la corrupta multinacional brasilera Odebrecht había pagado 1.600.000 dólares a su asesor político, ‘Duda’ Mendonça. Es decir, que su campaña recibió aportes ilegales de la multinacional sobornadora.

Está bien que haya quedado al descubierto su mentira y que tenga que responder por estos hechos ante la justicia. Sin embargo, el acuerdo de colaboración con Daniel García Arizabaleta puede dejar en la impunidad otro filón de sobornos en el caso de Odebrecht.

Esos presuntos sobornos implican a dos altos directivos del Instituto Nacional de Concesiones, Inco, durante el gobierno de Álvaro Uribe y al propio García Arizabaleta, así como a familiares suyos.

Las pruebas de la sospechosa operación estaban en poder del ingeniero Jorge Enrique Pizano, antiguo controller de la Ruta del Sol y muerto en circunstancias que jamás fueron investigadas de manera independiente.

El ingeniero Pizano le entregó algunos de estos documentos al periodista Iván Serrano, quien en ese momento hacía parte de la redacción de Noticias Uno y hoy trabaja para Cambio.

Entre los papeles hay dos tablas de Excel en donde estaban relacionados los nombres de empresas que, de acuerdo con las pesquisas de Pizano, habían recibido pagos no justificados de la concesión de la concesión de la Ruta del Sol II. Dicho más claramente, esas compañías cobraron cuantiosas sumas por obras no realizadas. Lo cual era el procedimiento típico para pagar sobornos.

En las tablas de Pizano, que ustedes pueden ver a continuación, además de la razón social de esas empresas, aparecen las fechas de la expedición de órdenes de trabajo o contratos junto con los montos pagados.

Algunas de las sociedades relacionadas en el Excel de Pizano han sido vinculadas a la investigación por el escándalo de Odebrecht entre otras Presoam y RGQ Logistics, pero en la última línea del documento está la información más llamativa y a la que al día de hoy, julio 10 de 2023, permanece en la impunidad.

El nombre de esa compañía es Gestora de Proyectos de Ingeniería e Infraestructura S.A.S, también conocida como Gespín S.A.S.

Jorge Enrique Pizano, en su labor de control, encontró que Gespín S.A.S. recibió un pago de $ 699.709.100. Ese pago fue efectuado el 10 de junio de 2014, apenas cinco días antes de la segunda vuelta de la elección presidencial.

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¿Pero quienes son los dueños de Gespín? Pues aquí está lo más revelador.

Gespín S.A.S, beneficiaria del inexplicable pago, fue constituida en enero de 2012 por Julio César Arango Garcés, quien fuera el último gerente del Instituto Nacional de Concesiones, Inco, durante el gobierno de Álvaro Uribe.

El segundo socio de la compañía que recibió el pago millonario de Odebrecht se llama Alfredo Pérez Santos y era la mano derecha del director del Inco ya mencionado. Se desempeñaba como cabeza de las áreas de estructuración y adjudicación del Instituto Nacional de Concesiones.

El tercer socio de Gespín es una compañía llamada Zona Local, en el registro mercantil ante la Cámara de Comercio de Bogotá, firmó como representante de Zona Local: Luis Fernando García Arizabaleta, hermano de Daniel García Arizabaleta, ahora testigo principal contra Óscar Iván Zuluaga.

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Luis Fernando García Arizabaleta y otros familiares de Daniel García Arizabaleta, entre ellos su padre Daniel García Chávez, eran los socios de Zona Local.

El viernes les contamos acerca de las 44 visitas de Daniel García Arizabaleta a la Casa de Nariño, durante el gobierno Uribe, visitas que coincidían con fechas cruciales para la licitación y la adjudicación de la Ruta del Sol.

Ahora tenemos la evidencia de que además de los pagos a él mediados por una empresa llamada Consultores Unidos, había cuando menos otra empresa más que recibía plata de Odebrecht y de la que eran socios familiares de García Arizabaleta, destituido director de Invías, con dos altos exdirectivos del Inco.

Por eso, me parece preocupante que la imputación a Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga, termine sepultando unas explicaciones pendientes por sobornos a otros altos funcionarios.

Hace unas semanas, a finales de mayo, la Procuraduría ratificó una sanción al exgerente del Inco, Julio César Arango Cortés. No por el presunto pago de sobornos –tema que probablemente quedará en la impunidad para siempre– sino por asesorar al concesionario Ruta del Sol S.A.S. en temas que había conocido siendo funcionario.

La sanción es puramente simbólica: La Procuraduría lo condena a seis meses de suspensión de un cargo en el que no está hace 13 años y a seis meses de inhabilidad. Una palmadita en la mano.

En el campo penal jamás le ha pasado nada ni a él, ni a García Arizabaleta, ni a sus socios.