Destinan $2.500 millones en Quindío contra hacinamiento en centros de detención

En respuesta a tutelas e incidentes de desacato, autoridades de Quindío comprometieron 2.500 millones de pesos para garantizar condiciones dignas de las personas privadas de la libertad en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata del departamento.

El compromiso fue asumido ante la Procuraduría por doce alcaldes, incluyendo al de Armenia, José Ríos, y por la Gobernación. Esto, luego del seguimiento que realizaron procuradores judiciales penales del Quindío. Los funcionarios verificaron graves condiciones de hacinamiento, que en mayo llegaba al 430%.

La intervención de los procuradores judiciales penales fue adelantada en los últimos tres años. Durante ese período radicaron acciones legales en las que pidieron la adopción de medidas para reducir los índices de hacinamiento y garantizar los derechos a la salud, vida digna y acceso a servicios básicos.

Además, el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, en reunión con representantes de las entidades territoriales de Quindío y con la delegada del Ministerio Público para Asuntos Penales, indicó que comprometió una partida de 18 mil millones de pesos para adelantar, entre otras obras, la construcción de un pabellón que amplíe la capacidad de la cárcel Peñas Blancas de Calarcá.

Ese proyecto ha tenido tres aumentos de presupuesto desde la primera vez que se planteó. Primero se hablaba de un total de 10.500 millones, de los que el Gobierno nacional desembolsaba ocho mil millones, pero en 2021 no había ningún resultado. Para febrero del año pasado la secretaria del Interior, Magda Montoya, decía que se estaba trabajando con un presupuesto de doce mil millones. Sin embargo, no se agilizaba

Mientras tanto, el hacinamiento en el Eje Cafetero supera el 20% en total, y el 145% en las estaciones de Policía.