Se instalarán conversaciones jurídicas en Buenaventura en medio de violencia en esa región
Aseguran que la fuerza pública ha seguido actuando sin descuidar la seguridad de Buenaventura.
La Oficina del Alto Comisionado para La Paz encabezada por Danilo Rueda, a través de un comunicado aseguró que en medio del recrudecimiento de la violencia en Buenaventura, se ha avanzado y se avanzará en el diálogo sociojurídico entre las bandas de los ‘Shotas’ y los ‘Espartanos’.
“El acercamiento con ‘Shotas’ y ‘Espartanos’ ha permitido avanzar hacia el inicio en las próximas dos semanas del espacio de conversación sociojurídica, que contará con testigos nacionales e internacionales y veedurías civiles, y partirá de una base de compromisos públicos”, dice el comunicado.
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Así mismo, aseguran que han identificado personas que quieren sabotear el proceso de paz urbana en Buenaventura.
“Hemos identificado en nuestro trabajo algunas facciones armadas que están empeñadas en impedir la paz urbana. Esas fuerzas deben pensar en el presente y futuro de sus vidas y de Buenaventura, deben parar sus violencias y escuchar al pueblo que sigue padeciendo la muerte de las balas y del hambre”, agregan.
Sin embargo, aseguran que desde la semana pasada han estado en Buenaventura de “manera permanente preparando las condiciones y el plan de trabajo de Misión Paz, una propuesta de fortalecimiento de los procesos ciudadanos de construcción de paz en medio de las confrontaciones armadas y los sabotajes, principalmente en los barrios Los Ángeles, en la comuna 6, Nueva Colombia, en la Comuna 11 y Juan XXIII y San Francisco, en la Comuna 7″.
En ese mismo sentido, piden a los ‘Shottas’ y ‘Espartanos’ que se pronuncien frente a los hechos de violencia, “reiterando su disposición a ser parte de la paz urbana. Con estos pronunciamientos, el espacio de conversación cociojurídica contará con garantías para sus gestores y voceros”.
Por último, aseguran que la fuerza pública ha seguido actuando en la zona, “nuestros acercamientos jamás han implicado suspender la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de su función legal de defensa y protección de los derechos de la población”.