Declaración de emergencia de Petro: ¿qué es y qué implica esto para el país?

El pasado 29 de junio, el presidente Gustavo Petro decretó oficialmente la emergencia económica y social en el departamento de La Guajira, desde donde ha gobernado junto a su gabinete durante toda la semana para atender la crisis humanitaria que se vive en la región por cuenta de la sequía que azota a esta zona.

Desde Riohacha, el presidente advirtió:

• “Es absolutamente pertinente decretar la emergencia económica y social, porque se avecina una calamidad pública, todas las probabilidades de los modelos climáticos nos (la) están anunciando (...) la cercanía de una sequía que antes nunca se había visto en La Guajira, que agrava el fenómeno de El Niño y la crisis climática”.

El mandatario advirtió que esta calamidad podría tener graves consecuencias como “la muerte de niños y niñas, de viejos, una degradación de la vida humana”.

Es importante señalar que, según cifras publicadas por el Gobierno Nacional, La Guajira es el departamento con las cifras más dramáticas de desnutrición infantil, con un total de 1.954 casos de desnutrición aguda en menores de cinco años en 2022.

Además, es una región habitada en su mayoría por comunidades indígenas que viven en condiciones precarias, así como con dificultades de acceso al agua, alimentación y otros servicios básicos.

Por este motivo, el presidente Petro pidió a la Corte Constitucional que dé luz verde a esta emergencia económica.

¿Qué es la declaración de emergencia?

Días atrás, el presidente Gustavo Petro anunció que utilizaría el mecanismo de declaración de emergencia económica y social en la región de La Guajira ante las graves condiciones que enfrentan sus habitantes día a día.

Esta crisis humanitaria en la región se ha agravado especialmente por la falta de acceso al agua potable y los más altos índices de pobreza del país, así como el mayor número de muertes de niños por desnutrición.

De esta forma, la figura de la declaración de emergencia es una herramienta que le permite al presidente de la República aprobar decretos que normalmente deberían hacer tránsito por el Congreso. Dichos decretos, no obstante, tendrán que estar relacionados con temas que tengan relación directa y específica con el Estado de Emergencia y, de forma transitoria, podrán establecer nuevos tributos o modificar los existentes.

El capítulo 6 de la Constitución Política contiene las disposiciones sobre los Estados de Excepción. El artículo 215 dice lo siguiente:

• “Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia”.

Hay que precisar que en el artículo 212 se menciona del ‘Estado de Guerra Exterior’, mediante el cual un Gobierno tendría facultades para defenderse de una agresión y proteger la soberanía. En el siguiente, 213, se menciona el Estado de Conmoción Interior que se declara en caso grave de perturbación del orden público que atente contra la estabilidad y seguridad del Estado.

Dicho esto, desde el pasado lunes 26 de junio, el mandatario trasladó su gabinete a La Guajira. Allí, junto con sus ministros, han visitado varias de las poblaciones de la zona, así como se han anunciado decisiones en materia de transición energética, uso de los recursos hídricos y educación, entre otros.

¿Qué implicaciones tiene esta declaración de emergencia?

La primera tarea del Gobierno Nacional en el marco de la emergencia ya decretada será cambiar las prioridades del uso del agua en toda La Guajira.

Esto, según el presidente Petro, en referencia a la escasez de recursos hídricos en la región y cómo se ha priorizado su uso para otros sectores (como cultivos). De ahí que la necesidad más urgente para el Gobierno Nacional sea la de proveer agua potable para consumo humano en esta zona del país.

En defensa de estos cambios, el mandatario subrayó que están relacionados con “construir una institucionalidad del agua”, ya que esta “no puede ser una mercancía”. Por ese motivo, se creará un Instituto de Agua en este departamento.

Entre las propuestas que se están evaluando para el departamento también se destacan que el Gobierno y la fuerza pública colocarán “una flota de carros para llevar agua hasta el último rincón de La Guajira”, así como las tareas de recuperación de los pozos que están a medio construir y la construcción de un tubo para llevar este recurso a toda la región.