Puente Pumarejo: Invías pagó más de $1.000 millones para resolver problema con contratista
La Nación gastó recursos en una instancia arbitral en la que no tenía nada que reclamar.
Puente Pumarejo / Cortesía Sacyr
La Contraloría reveló que el Invías pagó 1.000 millones de pesos en honorarios y gastos de Tribunal de Arbitramento para resolver las divergencias con el contratista del nuevo Puente Pumarejo de Barranquilla, incumpliendo una directiva presidencial y desconociendo recomendaciones de su Oficina Jurídica y del interventor del contrato.
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Esto sería un presunto detrimento patrimonial, pues la Nación gastó recursos en una instancia arbitral en la que no tenía nada que reclamar.
En diciembre 18 de 2019, a escasos días de ser inaugurado este nuevo puente, Invías le aceptó al contratista de obra modificar el contrato para poder acudir a la Justicia Arbitral.
Para el contralor delegado del Sector de Infraestructura, Luis Fernando Mejía, “La gestión de Invías resultó antieconómica, puesto que aceptó pactar una instancia arbitral cuando las obras del puente estaban casi terminadas, teniendo ya pactada y disponible la Justicia Ordinaria, omitiendo el cumplimiento de lo exigido en una Directiva Presidencial y desatendiendo las objeciones de su propia Oficina Jurídica y del Interventor de las Obras, lo cual derivó en que innecesariamente se hubiera tenido que gastar recursos públicos por valor de $1.008 millones, en una instancia arbitral en la que la Nación no tenía nada que reclamar”.
La razón de las diferencias es que el contratista quería pagos adicionales, pero esa pretensión no iba a prosperar y con una conciliación se podía resolver todo.
“La Oficina Jurídica del Invías rindió concepto desfavorable a la solicitud de modificación del contrato para la inclusión de dicha cláusula compromisoria y dispuso que, si se quería utilizar un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, se acudiera a la Conciliación Extrajudicial, la cual se adelantaría ante el Procurador Judicial Administrativo y el acuerdo resultante, sería aprobado por el Juez Administrativo competente (juez natural del contrato). Además, le adujo que este mecanismo era gratuito, mientras que el procedimiento arbitral que finalmente se usó resultaría muy costoso para la entidad”, mencionó la Contraloría.