Ponencia negativa en la Corte Suprema a recusación del fiscal Francisco Barbosa
La magistrada Marjorie Zúñiga considera que no hay razones para escoger fiscal ad hoc para el caso de Nicolás Petro.
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia Marjorie Zúñiga entregó a la sala plena su ponencia sobre la solicitud de elegir un fiscal general de la nación ad hoc para el caso del hijo del presidente Nicolás Petro Burgos.
La ponencia de la magistrada rechaza la recusación y considera que no es necesario que la Corte Suprema de Justicia escoja un fiscal diferente a Francisco Barbosa para que tramite el proceso al hijo del presidente.
La Fiscalía investiga a Nicolás Petro por incurrir presuntamente en el delito de lavado de activos a raíz de las acusaciones de su exesposa Daysuris Vásquez, quien afirma que recibió dineros de Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca y de Samuel Santander Lopesierra, conocido como ‘el hombre Marlboro’.
Esos fondos, de acuerdo con la versión de la exesposa, teóricamente eran para financiar la campaña presidencial de Gustavo Petro, pero su hijo Nicolás se habría quedado con ellos.
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El anuncio de la investigación a Nicolás Petro coincidió con una serie de señalamientos públicos del presidente Gustavo Petro por supuesta negligencia o complicidad de la Fiscalía en investigaciones relacionadas con el Clan del Golfo.
Como ustedes recordarán hace seis semanas el país presenció un agrio cruce de declaraciones entre el presidente de la república y el fiscal general de la Nación que dijo entre otras cosas:
1. Que temía por la seguridad de su familia a raíz del enfrentamiento con el presidente.
2. Cuando el mandatario afirmó que era el jefe del fiscal, Francisco Barbosa declaró aquí en La W “Usted se puede imaginar, entonces, que me envíe una comunicación diciéndome, que ¿cómo va la investigación contra su hijo Nicolas Petro?, ¿qué cómo va la investigación contra su hermano?, ¿o va a inmiscuirse en esas investigaciones contra su hijo?, ¿o está anticipando una decisión de la Fiscalía General de la Nación”.
3. En esos días de encendidas declaraciones, el fiscal Francisco Barbosa también calificó a Gustavo Petro de dictador y dijo que no se iba a separar del poder al terminar su período.
A raíz de estas manifestaciones públicas del fiscal, los abogados David Teleki y Juan Trujillo recusaron al fiscal por considerar que su enfrentamiento con el presidente viciaba su imparcialidad en el proceso contra su hijo Nicolás Petro.
La recusación fue rechazada por la Fiscalía y llegó a la Corte Suprema de Justicia.
La magistrada ponente Marjorie Zúñiga considera que no es necesaria la designación de un fiscal ad hoc en el caso de Nicolás Petro porque el fiscal general no será el encargado de procesarlo.
La tesis resulta jurídicamente discutible porque el fiscal tiene el poder de asignar el caso y todos los fiscales son legalmente delegados suyos. Es decir, el fiscal Barbosa que ha manifestado su animadversión por el presidente Petro puede tener una influencia considerable en el caso de su hijo.
Como sea la ponencia negativa de la magistrada Zúñiga parece tener apoyo muy amplio en la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con fuentes consultadas, las discrepancias son mínimas y sobre algún tema de forma pero la Sala Plena se inclina por respaldarla de manera unánime. Las fuentes creen que no habrá salvamento de voto de ningún magistrado.
Una complicación derivada de esta recusación consiste en que si se admite que haya un fiscal ad hoc, la nominación la tendría que hacer el presidente de la república que es el padre Nicolás Petro, el recusante y sindicado por la Fiscalía.
La decisión posiblemente se tomará en la próxima Sala Plena de la Corte Suprema que está programada para el jueves de la semana entrante.
Bonus track
Ahí mismo, en el Palacio de Justicia, en la Corte Constitucional hay un receso de sala plena por dos semanas por la llegada de la nueva secretaria general Andrea Liliana Romero. Por esa razón se aplazará la discusión sobre la ley de la paz total.
Según fuentes de la Corte Constitucional, no es cierto, como han señalado algunas informaciones periodísticas, que la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez declare que hay un vicio en el trámite en el Congreso por violación a los principios de consecutividad e identidad flexible.
El proyecto del magistrado Ibáñez dice que el proceso legislativo se cumplió, pero que el problema está en la consulta al Consejo de Política Criminal. Según la ponencia, esa consulta es obligatoria aunque su resultado no sea vinculante. Me explico: es indispensable preguntarle su opinión al Consejo de Política Criminal, pero no es necesario seguirla.
La discusión que se concentra en 2 incisos de un artículo de la ley tiene que ver con el tratamiento de las organizaciones criminales y si la ‘Nueva Marquetalia’, es decir los desertores de las Farc que firmaron los acuerdos empezando por Iván Márquez, deben ser tratados como delincuentes comunes y no como rebeldes. Es decir si la única vía para ellos sería el sometimiento colectivo a la justicia.
La discusión tiene aspectos jurídicos y también políticos. Desde ya se prevé que la propuesta del magistrado Jorge Enrique Ibáñez tendría el respaldo de las magistrados más conservadoras Paola Meneses y Cristina Pardo. Los otros seis probablemente se inclinarían a votar en contra de la ponencia y a salvar la parte sustancial de la ley le da facultades al gobierno para intentar el llamado proceso de paz total.
Sin embargo, nada de eso se sabrá antes de tres semanas cuando se reanuden las salas plenas.
