Regulación del cannabis contó con el apoyo del Consejo Superior de Política Criminal
Para este organismo el proyecto era necesario, hacía parte de los derechos fundamentales de los consumidores y era coherente para avanzar en una nueva visión del fenómeno de las drogas.
Cannabis y Consejo Superior de Política Criminal | Foto: Colprensa
El proyecto de ley de regulación del cannabis contó con el respaldo del Consejo Superior de Política Criminal.
A pesar de que la iniciativa se hundió en el Congreso de la República, este organismo, que asesora al Gobierno Nacional y hace parte del Ministerio de Justicia, resalta en su concepto que el uso recreativo de la marihuana hacía parte de los derechos fundamentales de sus consumidores:
Lea también:
“La reforma que se propone, busca el respeto de los derechos fundamentales de aquellos adultos que acuden al uso del cannabis, sustrayéndolos de la injerencia del derecho penal en sus decisiones y promoviendo los derechos humanos, la salud pública y la seguridad de los colombianos”.
También resalta que era necesaria para promover los derechos humanos:
“La reforma que se analiza es adecuada, necesaria y proporcional para promover los derechos humanos, la salud pública y la seguridad de la población colombiana. Y es que, el bien jurídico de la salud pública que se reforma en los artículos 375, 376 y 377, exceptuando para tales efectos el cannabis de uso adulto conforme los reglamentos y licencias que expida el Gobierno Nacional, resulta proporcionada en atención al respeto de los derechos fundamentales y una visión integral, no absolutamente prohibicionista en punto del consumo de drogas”, se lee en el concepto.
El concepto también indica que es un proyecto coherente:
“El Estado colombiano, con apoyo en decisiones jurisprudenciales, está en proceso de construir toda una política pública que abandone el absoluto prohibicionismo y correlativo castigo en materia penal frente al consumo de drogas, tal como se plantea en el proyecto de ley en relación con el cannabis de uso adulto” y que de esta manera, existe todo un andamiaje de naturaleza pública que implica coherencia y compromiso de varias instituciones del Estado Colombiano de avanzar en una nueva visión del fenómeno de las drogas y su consumo, la cual se ve refleja en la iniciativa hoy puesta a consideración.
“Esa estructura normativa e institucional en la que avanza nuestro país hace que resulte coherente la reforma que hoy se propone y permite una articulación estructural del Estado”, dice el concepto.