“A Pablo Beltrán le angustian las finanzas del ELN”: Otty Patiño

El jefe de la delegación del Gobierno Nacional en el acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó claro que en el cese al fuego pactado en La Habana quedó incluido el compromiso de respetar el Derecho Internacional Humanitario, en el cual está prohibido el secuestro de civiles porque además está penalizado por la Corte Penal Internacional.

No obstante, Patiño aclaró que hay una zona gris alrededor de la retención temporal de combatientes en el marco de un conflicto armado que podrían, según el ELN, estar adelantando tareas de espionaje u otras actividades similares.

Sin embargo, fue enfático al afirmar que estas retenciones deben ser temporales y comunicadas al mecanismo de verificación que incluye organismos como las Naciones Unidas y la iglesia a nivel nacional y regional.

Estos mecanismos calificarán los hechos, realizarán recomendaciones y una de las recomendaciones, según el jefe de la delegación del Gobierno, tendría que ser la liberación responsable de la persona retenida.

Mencionó la importancia de basar cualquier acción en el respeto a los derechos y libertades de la población civil y destacó que el cese al fuego actual debe estar fundamentado en este principio. Por esta razón enfatizó en que la extorsión a civiles está prohibida y que la mesa de negociación, que ahora sesiona de manera permanente, aún trabaja en protocolos específicos para abordar estas acciones no permitidas.

Patiño aclaró que la implementación del cese al fuego se encuentra en una etapa inicial con protocolos firmados y otros por construir. Los mecanismos de evaluación, suspensión del fuego y protección de los involucrados, así como la pedagogía del acuerdo y las comunicaciones relacionadas, están siendo abordados para garantizar el funcionamiento efectivo del cese al fuego en todo el país.

En términos de la intervención en el terreno, enfatizó que, ante casos de secuestro o extorsión por parte del ELN u otros grupos, la fuerza pública debe intervenir en aras del cumplimiento de su mandato constitucional.

Además, explicó que la fuerza pública no estará inactiva, tendrá una mayor obligación de actuar para proteger a la población civil, garantizar la seguridad y devolverle la tranquilidad a las personas.

Con relación a las declaraciones de Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN, quien aseguró que el secuestro y la extorsión quedaron por fuera del cese al fuego acordado, respondió que la responsabilidad recae en él para rectificar públicamente sus declaraciones.

Explicó la angustia de Beltrán por las dificultades financieras que enfrentaría el ELN durante el cese al fuego y la necesidad de resolver estas cuestiones en el largo plazo. Señaló el desafío para el ELN de aumentar su credibilidad, lo cual requiere evitar actos que socaven la confianza de la ciudadanía.

Planteó la posibilidad de abordar el tema de la financiación del ELN por parte de un fondo económico en el futuro, pero fue enfático en que aún esto no es una posibilidad pues no se puede permitir financiar a un grupo armado que comete delitos mientras recibe fondos del Estado. Rechazó la posibilidad de combinar distintas formas de lucha, como las que pueden adelantarse en el marco de legalidad mientras el grupo se expande ilegalmente, reclutando menores y extorsionando, por ejemplo.

Sobre la posibilidad de incluir al ELN en la Jurisdicción Especial Para La Paz, JEP, respondió que este tema se discutirá en futuros ciclos de negociación.