Conservadores le piden a Petro “no interferir en independencia del partido”
El mensaje fue enviado al primer mandatario tras sus críticas a la suspensión del representante Alexander Quevedo, quien con su asistencia a una sesión ayudó a salvar la reforma laboral.
Presidente Gustavo Petro. Foto archivo: Presidencia de Colombia/Colprensa
La pelea entre el Partido Conservador y el presidente Gustavo Petro sigue subiendo de tono tras la suspensión del representante Alexander Quevedo que determinó esa colectividad, por desobedecer la instrucción de no ayudar a hacer quórum para el debate de la reforma laboral.
Quevedo asistió a la sesión de la Comisión Séptima de la Cámara del pasado jueves 15 de junio, ayudando a que se configurara quórum después de varias semanas y permitiendo así que despegara la discusión de la iniciativa, que se daba casi que por sepultada.
El primer mandatario mostró su desacuerdo con esa decisión del Consejo de Control Ético del partido de quitarle voz y voto al congresista por ese gesto, interpretado como una ayuda al Gobierno.
Tras el pronunciamiento del primer mandatario, el partido emitió un comunicado pidiéndole a Petro que se abstenga de “seguir interfiriendo y violentando la independencia y autonomía de la colectividad”.
“Sus manifestaciones vulneran y ponen en grave riesgo, las competencias y funciones de la Veeduría del Partido Conservador Colombiano, quien tiene la potestad para investigar a sus congresistas y militantes, y además adoptar las decisiones que en derecho corresponda ante presuntas faltas de sus miembros”, precisa Julián Quintana, presidente del Consejo de Ética.
En la respuesta, Quintana también afirma que en el caso concreto de Quevedo, “todas la decisiones que se adopten al interior de la colectividad, están amparadas por la Constitución y la Ley, como también con absoluto y estricto apego a los tratados internacionales de Derechos Humanos y Políticos”.
Esta no es la primera vez que Petro advierte la supuesta violación a la Convención Interamericana de Derechos Humanos por las medidas tomadas desde los partidos políticos en contra de congresistas que, contradiciendo las instrucciones de sus colectividades, actúan favoreciendo directa o indirectamente la agenda del Gobierno.
