“Jueces están comprando de su bolsillo el papel”: 31 juzgados en cese de actividades

Más de 300 funcionarios de 31 juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, siguen en cese de actividades ante la falta de insumos para emitir las decisiones judiciales con referencia a los hombres y mujeres que permanecen privados de la libertad en la ciudad y en otras zonas del país.

En diálogo con W Radio Pilar Rey, líder nacional del sindicato de Asonal Judicial, denunció que los jueces en muchas ocasiones han tenido que comprar el papel para emitir decisiones sobre las peticiones que hacen los reclusos, buscando su libertad.

“No solamente somos los 300 empleados los que nos vemos afectados, es toda la población carcelaria de Bogotá y todas las personas que necesitan la extensión de su pena, la prescripción de su pena y que se levanten sus antecedentes, la afectación al ciudadano es muy grande, es el ciudadano el que está viendo afectado su derecho al trabajo, el ocultamiento de sus procesos, porque las providencias, los mismos jueces, no las pueden imprimir”, señaló Rey.

En medio de la entrevista dijo que incluso los funcionarios judiciales han comprado resmas de papel y toner para poder cumplir con su trabajo.

“Los jueces de su bolsillo están comprando el papel, y eso no es justo. Nosotros no tenemos porque de nuestro salario dar insumos para que esto se logre”, afirmó.

También dijo que esta es una situación es muy repetitiva “este es un llamado a la administración de justicia, porque lamentablemente la especialidad de Ejecución de Penas a nivel nacional siempre ha sufrido de la misma carencia de elementos e insumos para poder notificar a los privados de la libertad”.

La líder sindical explicó que los reclusos no tienen acceso a la virtualidad, por lo que la notificación debe ser en papel.

“No contamos con los mínimos insumos, resmas de papel, cero toner, impresoras, fotocopiadoras, no por negligencia directamente del Consejo Superior de Judicatura sino por falta de presupuesto, como lo hemos tenido que vivir siempre con juzgados de ejecución de penas en el país”.

Agregó que “nosotros hicimos un llamado a todas las entidades locales y seccionales, desde hace dos semanas nos informaron que contábamos con veinte resmas y tenemos más de veinte mil personas privadas de la libertad entre prisión domiciliaria y en establecimiento carcelario a los cuales debemos llevarles la decisión que toma el señor juez, en su momento de manera física”.

Igualmente, se conoció que no se cuentan con equipos de cómputo, con el servicio de conectividad y dijo que están acostumbrados a “trabajar con las uñas”.

“Nosotros necesitamos que el Ministerio de Hacienda y el Gobierno volteen a mirar los juzgados de ejecución de penas y más de seguridad. Lamentablemente nosotros tenemos que resolver acciones constitucionales, tutelas, habeas corpus, penas cumplidas, por lo que toda la población carcelaria del país se está viendo afectada”.