Los nexos entre la representante Érika Sánchez y contratistas del ICBF en Santander

Esta semana la Comisión Primera de la Cámara votará en primer debate el proyecto de ley 370 de 2023, liderado por la representante Érika Sánchez, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el cual propone crear la Comisión Legal para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia del Congreso. Sin embargo, llama la atención que sea justamente Sánchez, a quien varias fuentes señalan de tener como padrino político al condenado exgobernador de Santander Mario Camacho, quien promueva la iniciativa. Camacho es considerado el amo y señor de la regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Santander, cuya directora, Martha Patricia Torres Pinzón, sería cuota suya.Además, la congresista fue coordinadora administrativa de la Asociación Crecer y Vivir, una de las más grandes contratistas del ICBF en ese departamento y que tendría detrás a Camacho.Y hay más: Sánchez ha contratado en el Congreso a fichas del cuestionado exgobernador, empezando por su esposa, Nilsa Pilar Castro, quien recibe un salario de $18 millones mensuales. Además, aparece María del Pilar Morales, quien trabajó en Fundestar y Fundasalud, dos fundaciones que también serían de Mario Camacho, y fue contratada el año pasado en la Segunda Vicepresidencia de la Cámara por un término de dos meses y 11 días, con un pago de $35.500.000.Luz Angélica Serrano Carreño, quien fue contratista del ICBF, igualmente logró un contrato con el Congreso.Lo que llama la atención es que la representante Érika Sánchez enfrenta un proceso de pérdida de investidura por presuntas presiones a funcionarios del ICBF para recoger firmas para la Liga de Gobernantes Anticorrupción , de Rodolfo Hernández, que le permitieron avalar su aspiración a la Cámara.La W conoció chats y fotografías que demostrarían que personas relacionadas con Crecer y Vivir participaron activamente en el proceso de recolección de firmas y la entonces candidata pidió “quemar” las evidencias y borrar las fotos que pudieran comprometerlos.Sobre el tema la principal pregunta que surge es por qué la congresista presentó un proyecto para crear una Comisión que tendría facultades como la de hacer debates al ICBF, entidad que estaría en poder de su grupo político en Santander y que la tiene enfrentando un proceso en la Corte por presuntas presiones para que funcionarios apoyaran su campaña al Congreso.Al ser consultada por La W, Sánchez negó responsabilidad en el tema y se declaró víctima de violencia política . Afirmó que no es ahijada política de Camacho y que las personas que han sido contratadas en su Vicepresidencia y en su UTL, y que guardan relación con él, cumplen con los requisitos. Agregó que quienes recogieron firmas lo hicieron por amistad y compromiso con su proyecto político, y no por presiones u otra motivación de su parte.Sobre el proyecto, la congresista indicó que lleva más de 15 años trabajando por la niñez, que ha ocupado varios cargos públicos y que, como esa fue su bandera de campaña, lo que está haciendo es cumplir los compromisos que en materia legislativa adquirió, en beneficio de esa población, y que no hay impedimento legal alguno para participar en la discusión. En marzo pasado los testigos del proceso contra la representante fueron llamados a declarar ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y, a la fecha, ella no ha sido citada a rendir su declaración sobre el caso.