JEP: Procuraduría alerta falta de avances en caso de reclutamiento de niños de Farc
En su alerta, el ministerio público cuestionó al despacho de la magistrada Lily Rueda por la falta de decisiones y avances en el caso, como lo han denunciado organizaciones de víctimas públicamente en La W. No saben cómo ni en qué se va a trabajar.
La Procuraduría delegada ante la JEP alertó su preocupación por la falta de avances en el caso de reclutamiento de menores a manos de las Farc, el cual fue asumido por la magistrada Lily Rueda Guzmán. Tal preocupación se suma a la de organizaciones de víctimas las cuales han denunciado en La W escasez de resultados y que aunque ya se llegó a mitad de año ni siquiera tienen una metodología de trabajo definida por Rueda.
Le puede interesar:
Según el documento del delegado del ministerio público, al menos 145 actuaciones procesales están sin realizarse y llevan varios meses en espera sin justificación alguna del despacho de la magistrada Lily Rueda para tales demoras.
“Hay un conjunto, un universo de actuaciones que se encuentran atrasadas en el marco de la investigación de la JEP y que resultan muy importantes. La demora puede afectar los derechos de las víctimas porque no van a encontrar respuestas satisfactorias”, sentenció el procurador Christian Wolffhügel.
Entre los cuestionamientos, por ejemplo se resaltan retrasos en las audiencias como la de Elí Mejía “Martín Sombra” frente a la que están a la espera desde marzo para su continuación; también la de Victoria Sandino que inició en mayo del año pasado y sigue sin terminar, así como entrevistas a excomandantes de distintos bloques de la extinta guerrilla que siguen sin ser programadas y ya pasó medio año del 2023.
“Un retraso en esas actividades impacta, porque aquí hay tiempos más cortos, la ventana de tiempo será más corta, no se tienen 20 o 30 años”, dijo el delegado.
Además, otro de los puntos graves que el procurador Christian Wolffhugel mencionó en su alerta, es la disminución importante de los espacios de diálogo con el despacho de la magistrada del caso, indicando que el último fue en septiembre del 2022, por lo cual hizo un llamado a la magistrada y su equipo a re-encauzar sus actuaciones señalando que: “Esta situación desdice del principio de estricta temporalidad, en razón a que, al día de hoy no es claro qué actividades procesales adelantará la SRVR, lo cual impide materializar la participación potencializada que se espera de las víctimas y de sus representantes”.