La escandalosa acusación de la JEP contra Luis Fernando Almario por ‘Farcpolítica’

La W conoció el escrito de 307 páginas con el que la Fiscalía de la JEP (Unidad de Investigación y Acusación) llamó a juicio ante ese tribunal al exrepresentante a la cámara y poderoso político del Caquetá, Luis Fernando Almario, por su presunta alianza criminal con las Farc para capturar las instituciones del Caquetá entre 1994 y 2003.

En el documento se señaló por ejemplo la aparente génesis de la alianza que habría fraguado en 1994 Almario con cabecillas como Raúl Reyes, Hernán Sarío Saldarriaga ‘El Paisa’, alias ‘Iván Márquez’ y otros excomandantes de las Farc como Benito Cabrera ‘Fabián Ramírez’ y Milton Toncel ‘Joaquín Gómez’, para exterminar al movimiento “Turbayista” (de la familia Turbay Cote y líder en Caquetá), cooptar cargos de elección popular tras el exterminio y repartirse la contratación pública en empresas como ElectroCaquetá S.A.

En el escrito se señaló cómo ante la Corte Suprema varios exintegrantes de las Farc han testificado contra Almario, señalando sus constantes reuniones con mandos del Bloque Sur de las Farc, así como su participación en el lanzamiento del movimiento político de las Farc en la finca Villa-Nora en su momento.

De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía de la JEP, la génesis de la relación de Almario con las Farc fue buscar debilitar al movimiento de los Turbay Cote (dominantes en la política Caqueteña) para generar vacíos de poder y beneficiarse mutuamente con la guerrilla, donde la colectividad política de Almario “entró a copar y reemplazar indebidamente esas cuotas de poder con aliados funcionales para la guerrilla”.

“Con este plan criminal de la captura del estado las Farc tuvieron aliados estratégicos en la administración pública local y departamental y el excongresista Almario y sus familiares se beneficiaron con el acceso y permanencia en distintos cargos públicos, Electrocaquetá S.A., y la ampliación de su dominio político gracias a la protección brindada por las Farc” sostuvo la UIA.

En el documento además se evidenció la expansión política del Movimiento de Participación Popular de Luis Fernando Almario que (según la Fiscalía de la JEP) después de los comicios de 1997 empezó a crecer en alcaldías ganadas y escaños en el congreso de la república.

Por ejemplo, el fiscal del caso mencionó casos como el de Juan Miguel Bermeo alcalde de El Paujil, diputados como Jair Aldana y Gustavo Ortega Castro (estos y otros más en 1997); ya para el 2000 donde según la UIA el plan criminal “estaba en su mayor efervescencia” fueron elegidos cinco alcaldes y cuatro diputados (Luis Fernando Urrego, Gloria Patricia Díaz, Luis Francisco Cuéllar y Gustavo Castro).

Así, durante varios fragmentos del documento, la Fiscalía de la JEP siguió mencionando nombres de funcionarios que fueron casualmente elegidos y contaban con el apoyo de Almario (mientras tenía el pacto con las Farc según la JEP) entre ellos el del exgobernador Juan Carlos Claros Pinzón en 2003 y para tal año todos los diputados apoyados por Almario alcanzaron un escaño en la Asamblea Departamental del Caquetá.

“Esta Fiscalía pudo evidenciar que mientras estuvo activo el plan criminal para atacar al turbayismo, el grupo político liderado por el acusado Luis Fernando Almario creció. El grupo auspiciado por Almario creció hasta convertirse en la principal fuerza electoral del departamento” sentenció la Fiscalía.

Asimismo, mencionó casos como el del alcalde de Puerto Rico (Caquetá) Walter Castro Ortiz, quien era apoyado por Almario y cuñado al mismo tiempo de alias ‘James Patamala’ cabecilla de la columna Móvil Teófilo Forero, así como Huber Hernández Tusarma (luego miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo).

Además, de acuerdo con la acusación de la JEP en contra del excongresista por Caquetá, Almario buscó gestionar avales de movimientos alternativos como el Movimiento Fuerza Cívica Partidista, Movimiento de Participación Popular, Movimiento Nacional Afrocolombiano y otros, con el fin de reducir el otorgamiento de avales de partidos tradicionales (como el conservador) con la intención de encajarlos más “en el discurso revolucionario de las Farc” y mantener su simpatía.

“Luis Fernando Almario dejó de emplear y gestionar el aval del partido Conservador en zona de alta injerencia de las Farc para darles cabida a movimientos alternativos de naturaleza cívica, comunitaria, de manera que no fueran afectados por el veto” encontró la UIA.

De hecho, la Fiscalía de la JEP reveló que el propio Luis Fernando Almario “certificaba” a los candidatos ordenando que tomaran “cursos de capacitación” de “principios básicos” los cuales tenían intensidad de 16 horas “ya que las Farc como ejército irregular carecía de las habilidades y destrezas para ubicar personal guerrillero y de sus bases campesinas en estos puestos de la burocracia estatal”.

A su vez, la Fiscalía de la jurisdicción concluyó que durante los periodos en los que el llamado a juicio postuló su nombre a la Cámara de Representantes tuvo una votación atípicamente alta en las zonas controladas por la extinta guerrilla de las Farc, y sorprendentemente esta guerrilla no persiguió a los alcaldes y diputados que eran avalados por el procesado.

“Los municipios donde más se vieron afectadas las candidaturas Turbayistas por cuenta de las muertes de los aspirantes fue donde más creció atípicamente el porcentaje de votación a la Cámara de Representantes del compareciente. (...) las elecciones de 1994 fueron el momento de mayor crecimiento electoral coincidiendo con el secuestro y muerte en cautiverio de Rodrigo Turbay pues pasó de obtener 7.416 votos en las elecciones a la Cámara en 1994 a 15.398 votos en 1998″ señaló la Fiscalía.

La toma de ElectroCaquetá S.A. por parte de Almario tras examinar a los Turbay Cote, según la JEP

Finalmente, la acusación de la JEP entregó un capítulo aparte sobre cómo, según la postura de la Fiscalía de ese tribunal, el presunto plan criminal que adelantó el excongresista en conjunto con las Farc contra la familia Turbay Cote y el “Turbayismo” también le permitió cooptar la contratación en la Electrificadora del Caquetá (Electrocaquetá S.A.) para sus amigos y familiares, que recibieron casi 4.000 millones de pesos en contratos.

“A partir de la revisión y sistematización de 187 contratos de ElectroCaquetá entre 1997 y 2005 esta Fiscalía evidenció la existencia de un patrón de concentración de la contratación de obras de electrificación en ElectroCaquetá S.A. por parte de Almario Rojas”, sentenció la UIA.

Por ejemplo, se menciona la cercanía de Almario con la segunda persona más beneficiada con contratos, Jairo Barrios Díaz, cuñado de Almario y quien recibió más de 1.500 millones de pesos en contratos (la mayoría en 1997 y 1995) en poblaciones como Belén de los Andaquíes, Florencia y Puerto Rico.

En el listado que presentó la Fiscalía de la JEP a la Sección de Ausencia de Reconocimiento desfilan familiares del cuñado de Almario y otras personalidades, así como amistades del llamado a juicio y de su hermano Pedro Alfonso (como Alfredo Luna Ocasiones, o James Urrego Carvajal), quienes para la UIA, se beneficiaron con el control que impuso Almario luego de ir exterminando al “Turbayismo”.

“El 59% de los montos totales de los contratos entre 1995 y el 2007 lo recibieron familiares y/o amigos del compareciente Luis Fernando Almario, así pues existió una tendencia de concentración de la contratación de obras de electrificación por parte del compareciente en el periodo mencionado” sentenció la Fiscalía de la JEP.

Para la jurisdicción, las actuaciones totales de Luis Fernando Almario significaron un acuerdo criminal en donde el “fin común” era “tomarse el poder político en el Caquetá.