¿Ejecución extrajudicial? El fallo del Consejo de Estado que la justicia penal archivó

El tema de los falsos positivos en el marco de la época del conflicto en Colombia ha sido motivo de controversia por los actos cometidos por miembros del Ejército Nacional que hoy son judicializados o llamados a declaración ante la Jurisdicción Especial para la Paz, como es el caso de la denuncia que hoy llega a los micrófonos de Sigue La W de un campesino que fue asesinado en medio de un enfrentamiento entre militares e integrantes del ELN a finales del año 2000 en el municipio de Concepción, en Santander.

Jorge Eliecer Peña Vera, en su momento, fue presentado por las Fuerzas Militares como una baja en combate, sin embargo, fue motivo de investigación por denuncias de sus padres y vecinos, para finalmente ser archivado por la Justicia Penal Militar y la Procuraduría General de la Nación considerar que no se demostró si era civil o guerrillero.

Ahora, casi 23 años después, el Concejo de Estado le dio la razón a la familia del campesino y condenó a la nación, teniendo como principales responsables de su ejecución al Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, porque no se tuvieron en cuenta las pruebas que darían cuenta de las labores del sujeto en el campo.

“Los cuerpos vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, sin embargo, el tercer cuerpo (de Jorge Eliecer) vestía de ruana, chaqueta civil, pantalón habano y zapatos”, manifestó, en la época, un militar presente en los hechos.

Del mismo modo, se aseguró que no se tuvo en cuenta el testimonio de los vecinos que confirmaban las labores y actividades que llevaba a cabo el campesino, quien se encargaba de la siembra de papa, ajo y la comercialización de ganado, siendo el sustento económico del hogar, por lo que no se relacionaba a la guerrilla del ELN.

Para dar cuenta del caso, Carlos Felipe Bohórquez, abogado de las víctimas, habló en Sigue La W de lo que fue este tortuosos y extenso proceso judicial.

“Fueron 23 años desde el día en que le dieron muerte a un campesino que preparaba los bueyes para laborar con el papá. No escucharon los testimonios, se dedicaron a creerle a los militares. Hasta que ahora, finalmente se verificó que era una muerte injusta, que era un falso positivo, que el Ejército lo trasladó a donde estaban los cuerpos de los guerrilleros”, explicó el abogado.

Finalmente, Bohorquez aseguró que pretendían “desaparecer” el proceso, pues las entidades decían que estaba en Bogotá y otros comentaban que se encontraba en Pamplona.

“Nunca pude tener conocimiento del proceso penal. Se dieron declaraciones en la Procuraduría, pero nunca las tuvieron en cuenta. Tengo los nombres, pero en los casos de los falsos positivos el Ejército es quien tiene la razón y el campesino asesinado es guerrillero”, cerró.

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