Prescripción: la siguiente apuesta de la Fiscalía y la defensa de Álvaro Uribe
Parece más sencillo acabar el proceso del expresidente con una estrategia dilatoria que con argumentos jurídicos.
Faltan 3 años, 2 meses y 9 días para que el proceso contra el señor expresidente Álvaro Uribe muera por prescripción de la acción penal. Les quiero mostrar porque es poco tiempo y cómo el vencimiento de este término puede ser la mejor táctica de esta nueva fase.
En línea con esta estrategia parece ir el recurso de apelación interpuesto ayer por el fiscal Javier Cárdenas contra la decisión de la juez Laura Barrera que rechazó la preclusión pedida por segunda vez por la Fiscalía y débilmente sustentada.
Esto manda el caso al Tribunal Superior de Bogotá que puede tomarse entre 3 y 9 meses en decidir la apelación.
Le puede interesar:
La cuenta de la prescripción es sencilla. Los términos se empiezan a contar desde el día en que el expresidente Uribe fue imputado por la presunta comisión de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
Eso ocurrió el martes 4 de agosto de 2020. Ese día la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo imputó por dos delitos y ordenó su detención domiciliaria dándole por cárcel las 1.500 hectáreas que tiene una de sus propiedades, El Ubérrimo en Montería, Córdoba.
Dicho sea de paso, Uribe usó su fugaz detención para desacreditar a sus jueces llamándolos secuestradores. Luego renunció a su investidura de senador para escapar de la jurisdicción de la Corte Suprema que era justo lo que había prometido nunca hacer.
Un trino suyo desnuda que dice unas cosas y hace otras. Leo el mensaje del señor expresidente “Nunca he eludido a la Corte Suprema para que ahora inventen que la renuncia al Senado es para quitarle competencia. La acusación sobre testigos que me hacen la basan en hechos realizados a tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte”.
Trino del expresidente Álvaro Uribe. Foto: El Reporte Coronell.
Eso decía, ustedes saben bien que hizo lo contrario.
La decisión de la Corte Suprema y todo el proceso están basados en pruebas testimoniales, inspecciones judiciales, registros fílmicos e interceptaciones telefónicas que indican su presunta participación como determinador en los delitos de soborno a testigo y fraude procesal.
De acuerdo con la ley, el delito de soborno de testigo en actuación penal tiene una pena de 6 a 12 años. El delito fraude procesal está castigado también por condena que debe ir entre 6 y 12 años de prisión.
El código establece que la acción penal prescribe el día que se cumpla el tiempo de condena desde la fecha de imputación. Esa imputación ocurrió, como les contaba, el martes 4 de agosto de 2020 y el vencimiento sería también un martes: el 20 de agosto de 2026.
Ese martes morirá el proceso al expresidente Álvaro Uribe por prescripción.
Esto quiere decir que hay una carrera contra el tiempo, y que el tiempo corre a favor del expresidente, ya que en esos 3 años, 2 meses y 9 días, debe ser sentenciado en primera y segunda instancia.
A manera de ejemplo, consideren que la sentencia al ganadero Santiago Uribe Vélez lleva 2 años y 4 meses esperando la decisión de un juez de Medellín. Todo esto a pesar de que las audiencias terminaron hace tiempo con la petición de condena tanto de la Fiscalía (por supuesto era otra fiscalía) como de la Procuraduría (desde luego era otra procuraduría).
En unos minutos, en audiencia pública, el fiscal Javier Cárdenas sustentará el recurso de apelación contra la decisión de la juez que –con firmeza y comedimiento– sostuvo ayer que a la investigación de ese funcionario del ente acusador le faltó seriedad y acuciosidad.
También mostró el pobrísimo y sesgado peritaje que hizo la Fiscalía para tratar de desacreditar la grabación del reloj que muestra las presiones del llamado abogánster Diego Cadena y del secuestrador Enrique Pardo Hasche, al testigo preso Juan Guillermo Monsalve.
Estableció la decisión judicial que el trabajo de la Fiscalía, que más parecía defensa, no era suficiente para archivar el proceso como lo han querido el fiscal Gabriel Ramón Jaimes, su subalterno Javier Cárdenas y el jefe de los dos Francisco Barbosa.
La juez Laura Barrera consideró que los 7 hechos jurídicamente relevantes permanecen en pie.
La diligencia de hoy consiste únicamente en la sustentación de la apelación de la Fiscalía que debe tomar dos horas.
Luego será respondida por cada apoderado de víctima que tendrá una hora para pronunciarse sobre el alegato del fiscal Cárdenas. Hablarán los abogados Reynaldo Villalba, Jorge Fernando Perdomo, Eduardo Montealegre y Miguel Ángel del Río.
Después llevará la palabra por dos horas el nuevo delegado de la Procuraduría, Bladimir Cuadro, quien remplazó al procurador Esiquio Sánchez. El procurador Sánchez, como revelamos aquí en El Reporte, no le había contado a la juez ni a las partes, que hace unos años acudió a una reunión en la casa del abogado Jaime Lombana, uno de los defensores de Álvaro Uribe, reunión a la que también acudió el señor expresidente.
Una vez él termine deberá pronunciarse –exclusivamente sobre el recurso del fiscal– la defensa oficial del expresidente Álvaro Uribe tendrá 4 horas. Se las distribuirán el apoderado principal Jaime Granados y quien lo asiste Jaime Lombana, abogado suplente en esta carrera por la demora.
Ayer mismo el abogado Granados, intentó que sus intervenciones fueran postergadas por compromisos previos. La juez, con energía y cordialidad, se sostuvo en que debería terminar ya.
Uno de los aspectos más interesantes de hoy será escuchar la explicación del fiscal Javier Cárdenas sobre lo que pretendió hacer con una de las pruebas, la grabación del reloj espía, cuya transcripción ordenada por él parece más destinada a confundir que a aclarar.
Sobre la aparente manipulación de esta prueba por parte de la Fiscalía realizó una gran investigación la periodista Jineth Prieto de La Silla Vacía.
El señor expresidente Uribe ha tenido tantas garantías que lo último que hizo ayer fue tasar y asignar los tiempos de intervención para la diligencia de hoy.
La estrategia de peticiones de preclusión sucesivas, por parte de la Fiscalía, conduce inexorablemente a la impunidad. La Fiscalía puede continuar pidiendo preclusiones, incluso después de la apelación, hasta que encuentre un juez que le dé la razón o hasta que sencillamente prescriba la acción penal.
La audiencia empieza en unos minutos, a las 8 de la mañana, la estaré viendo y transmitiendo para contarles detalles interesantes en nuestro encuentro de mañana.
