Ocupan bienes que pertenecerían a presuntos implicados en hechos de corrupción en Córdoba
Los bienes estarían avaluados en más de 5.400 millones de pesos.
![Fiscalía ocupó 36 bienes que pertenecerían a varios de los posibles responsables de un entramado de corrupción. Foto: Cortesía Fiscalía.](https://www.wradio.com.co/resizer/v2/4HASFEZGGZEKRH5FMEO7CNXXRE.jpg?auth=17b44b9a0cd19242cf64a2aba42adcd373228f8f3ff185835f95f16c0b9c922a&width=650&height=488&quality=70&smart=true)
Fiscalía ocupó 36 bienes que pertenecerían a varios de los posibles responsables de un entramado de corrupción. Foto: Cortesía Fiscalía.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), informó que ocupó 36 bienes que pertenecerían a varios de los posibles responsables de un entramado de corrupción en el que se desviaron dineros para la atención de la primera infancia en Córdoba.
Se trata de 29 inmuebles rurales, 3 urbanos y 4 vehículos ubicados en Montería y Cereté (Córdoba). El avalúo preliminar de estos activos superaría los 5.400 millones de pesos.
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“Las propiedades aparecen a nombre de Mariela del Carmen Peña Sibaja, Jorge Luis Peña Atencio, Carlos Fernán Lázaro Arroyo y Cindy Isabel Bermúdez Cuitiva, quienes estuvieron vinculados a una fundación que, en 2015, suscribió un contrato con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para asistir a niños y niñas menores de cinco años, y cuyo valor ascendió a 7.407 millones de pesos”, se reveló por parte de la Fiscalía.
En ese sentido, el ente investigador precisa que “en desarrollo del proceso penal, la Fiscalía estableció que los encargados de ejecutar el citado contrato se habrían apropiado de 2.705 millones de pesos”.
Por estos hechos, los señalados en los actos de corrupción fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y privado, y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.
Finalmente, la Fiscalía sostuvo que los bienes afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.