Fiscalía expuso entramado criminal que direccionó a fallos judiciales en el Atlántico
El trabajo investigativo a cargo de la Fiscalía, entre abril y agosto del 2014, presuntamente direccionó seis fallos en favor de particulares, que demandaron administrativamente a distintas entidades en el Atlántico.
Foto: Fiscalía General de la Nación / Colprensa
La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que, a través de un trabajo investigativo, logró descubrir el entramado criminal que direccionó 6 fallos judiciales, favoreciendo a particulares.
Los hechos de corrupción corresponden a procesos y demandas administrativas a entidades del departamento del Atlántico entre abril y agosto de 2014.
Por esta razón, la Dirección Especializada contra la Corrupción acusó formalmente por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho impropio a una procuradora delegada y a una asesora del Tribunal Administrativo del Atlántico, así como a 3 abogados por los delitos de concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer.
“Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acusó formalmente a la procuradora delegada Faicy León Mass por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho impropio; a la asesora del Tribunal Administrativo del Atlántico, María Milagros Navarro Lobo, por cohecho impropio y cohecho propio; y los abogados Victoriano Apolinar Sierra Nerio, Yenny Bustamante Toscano, Yina Paola y Sindris María Benthan Arias, por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer”, afirmó la Fiscalía.
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Según el ente investigador, los procesados acordaron entregas entre $10 y $20 millones de pesos por promover decisiones rápidas y favorables o por el aplazamiento del reparto para que expedientes llegaran a despachos específicos.
“Inicialmente, se conoció que los abogados, al parecer, le dieron 10 millones de pesos a un juez Administrativo de Barranquilla y otra suma a una juez de Sabanalarga a efectos de obtener una rápida y favorable decisión en un caso tramitado en esos juzgados”, se lee en el documento.
Asimismo, se mencionó que, al parecer, las funcionarias señaladas en la investigación habrían mediado en una actuación que buscaba una indemnización de la Policía Nacional a un grupo de personas, por la entrega de $12 millones de pesos que se repartieron entre ellas.
“En otro hecho, la servidora del tribunal presuntamente acordó que recibiría $ 20 millones de pesos para promover un fallo de segunda instancia que declarara responsable a la Policía Nacional por el posible actuar irregular de un uniformado que dejó varias personas afectadas”, aseguró el ente investigador.
Por otro lado, se acreditó que la procuradora delegada intercedió en el aplazamiento del reparto de un fallo de segunda instancia, para que llegara a un juzgado específico.
“Finalmente, la procuradora y los abogados ofrecieron y entregaron dinero a un funcionario judicial encargado de proyectar o suscribir un fallo de primera instancia. Aquí se acreditó que conocieron la decisión anticipadamente como garantía de que saldría a su favor y así poder desembolsar la suma pactada”, señaló la Fiscalía.