María Jimena Duzán habla sobre mensajes del presidente Petro contra el periodismo

El ataque a los periodistas y a los medios de comunicación por parte del presidente Gustavo Petro se ha agudizado tanto que la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, publicó un comunicado pidiéndole al mandatario que cese los señalamientos desde Twitter y que se abstenga de emitir mensajes que afecten la independencia de los medios o que los criminalicen.

Las cosas han ido subiendo de tono al punto en que algunos seguidores del Gobierno en redes sociales señalan a la prensa como el principal enemigo del cambio.

Los ciudadanos tienen derecho a información veraz e imparcial, pero la imparcialidad no consiste en convertir al periodismo en una máquina de amplificación del discurso oficial.

La menor discrepancia con el presidente es castigada con una lapidación pública por grupos aparentemente organizados en las redes sociales que se han convertido en una especie de cuerpo colectivo de censura. Un editor supremo e invisible que da apoyo cuando se coincide con el mandatario o que cancela y descalifica cuando se expresa un desacuerdo con él o los suyos. Al que se atreva a disentir lo insultan, lo caricaturizan o lo criminalizan.

Esto ya sería suficientemente difícil para el libre ejercicio del periodismo pero –hasta cierto punto– es una situación que viene con estos tiempos. Como dice con gracia Juan Gossaín: “el que quiera comer pescado, tiene que mojarse el c…”

Lo que sucede es que en la Colombia de Petro –como en los Estados Unidos del gobierno de Trump– la primera piedra viene del Twitter del presidente.

Apenas en los últimos días el mandatario trinó que “el paramilitarismo fue aliado de un sector de la prensa tradicional para desatar un genocidio sobre el pueblo”.

Sería bueno individualizar la sindicación –si hay pruebas– porque, de lo contrario, toda la prensa queda cubierta por la acusación general.

Al presidente también le dio ahora por dar lecciones de titulación desde su Twitter, como si la suya fuera la única interpretación posible y verdadera de los hechos. El noticiero de Caracol publicó el siguiente trino: “Exintegrantes de la fuerza pública protestaron en la Plaza de Bolívar de Bogotá, en respaldo a los uniformados activos y en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro”.

El mensaje es cierto: unos militares retirados se reunieron en la plaza mayor de la capital para decir que apoyan a los activos y lanzar consignas contra el Gobierno.

Pero al presidente le pareció que el trino es parte de una conspiración y replicó: “Miren este medio de comunicación tratando de dividir la fuerza pública del gobierno. Soy el comandante constitucional de las fuerzas armadas. No hay conflicto entre los uniformados activos y el gobierno nacional”

Con el debido respeto por el presidente Petro, quizás sea mejor que se ocupe de labores más importantes que la de corregir al community manager de Caracol Noticias.

No es que no se presenten errores en los medios, más en esta época de publicaciones frenéticas e inmediatas –y dicho sea de paso, también es verdad que en algunos medios se viene usando la información pública para impulsar intereses particulares de los dueños, apalancar negocios, legalizar procedimientos y atacar contrapartes– pero el jefe de Estado no es un ciudadano más usando sus redes sociales para opinar. Su responsabilidad es mayor. Es el presidente de todos los colombianos –incluyendo los que no votaron por él– y no puede dedicarse a reescribir en tiempo real lo que dicen los encargados de las redes sociales de los medios. Ni puede erigirse en juez de la información.

Es cierto también que hay mensajes que están en la frontera de la ilegalidad como el del coronel John Marulanda, expresidente de ACORE, quien invita a “defenestrar” al mandatario. A tirarlo por la ventana. Sin embargo, responderle al excoronel no puede ser asunto del presidente de los colombianos. Corresponde a la justicia investigar y establecer qué hay detrás de esta incitación al golpe de Estado.

En fin, para hablar de los recientes mensajes del presidente tenemos invitada hoy a una de los periodistas más prominentes de Colombia: María Jimena Duzán, columnista, periodista de investigación, analista, cuyo trabajo está por encima de cualquier duda.

Bonus track 1

El exmagistrado del Consejo de Estado Nicolás Pájaro Peñaranda –que fue declarado padre de dos personas después de casi 40 años de litigio– me explicó que no quiso someterse a la prueba de ADN porque considera que realizarse el examen genético vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, a la cosa juzgada y a no ser procesado dos veces por los mismo hechos, entre otros.

Debo decir que en la respetable teoría del doctor Pájaro Peñaranda no creen ni la Corte Constitucional, que ordenó la nulidad del proceso anterior, ni la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que sancionó a su abogada –que también es su esposa– suspendiéndola por ocho meses del ejercicio de la profesión por entorpecer y dilatar el proceso, ni el Tribunal Superior de Bogotá que ante su renuencia lo declaró padre de los hijos negados como lo ordena una ley que, según el magistrado Pájaro, no puede aplicársele porque es posterior a los hechos.

Él llevó el proceso a casación en la Corte Suprema y dice que se someterá a lo que decida ese tribunal.

Bonus track 2

Tengo algo para contarles al oído. El abogado Jaime Lombana mandó a decir que el procurador del caso del expresidente Álvaro Uribe no tenía por qué informarle a la juez ni a las víctimas que hace unos años fue a una reunión social y política a la casa de Lombana, reunión en la que además estaba el expresidente Uribe.

Dos de sus colegas, representantes de víctimas, sí creen que la juez y las partes tenían derecho a saberlo. Por eso elevaron un memorial ante la jueza del conocimiento Laura Barrera Coronado, donde se quejan por la deslealtad procesal y la omisión de esa información.

Se preguntan: “¿Fue la intervención del procurador delegado Esiquio Sánchez un estudio netamente normativo del caso o estuvo guiada por su relación con el doctor Jaime Lombana y el acá procesado?”.

El memorial lo firman los abogados de víctimas Reynaldo Villalba y Miguel Ángel del Río.