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Secuestran a 26 soldados en zona rural del municipio de Patía, Cauca

Los soldados hacen parte de una brigada contra el narcotráfico.

Imagen de referencia de soldados del Ejército Nacional. Foto: Getty Images

Imagen de referencia de soldados del Ejército Nacional. Foto: Getty Images / ERNESTO.GARCIA.TERRENES.

En el Cauca, en el municipio de Toribío hace un mes, comunidades indígenas secuestraron a 16 soldados y un capitán del Ejército, situación que generó polémica en el país.

En la mañana del jueves 11 de mayo, un grupo de 26 militares del Ejército Nacional y dos policías, fueron secuestrados en La Aguada, municipio del Patía, del departamento del Cauca, luego de que fuera localizado un laboratorio para el procesamiento de cocaína, al parecer perteneciente al grupo armado organizado residual Estructura Carlos Patiño.

Hasta la zona se desplazaron funcionarios de la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo y la alcaldía para mediar en la situación y permitir que los soldados reactiven sus actividades.

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En el lugar la tropa pretendía realizar la destrucción controlada de un laboratorio con aproximadamente cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína; pero, durante el procedimiento, dice el Ejército que el personal que desarrolla esta actividad ilícita no abandona el sitio y son rodeados por más de 400 personas, que ocultan sus rostros con capuchas.

“De forma tumultuaria buscan impedir que se lleve a cabo la operación militar, mediante el secuestro de 26 soldados y 2 policías, uno de ellos, el Jefe de la unidad básica de investigación criminal DIRAN Regional 4. Este comando rechaza enérgicamente estos hechos y procederá a interponer ante las autoridades competentes las denuncias respectivas por secuestro y asonada, entre otras conductas punibles que pudiesen configurarse”, dice el Ejército.

Además señalan que los soldados cumplen con la misión constitucional asignada en la ley. “Las operaciones militares son legítimas y coadyuvan a generar condiciones de seguridad y a propender por el goce de los derechos de la población civil. Se insta a la comunidad a no obstruir las operaciones militares, ya que esto puede constituir delitos, como lo consagra el Código Penal Colombiano”.

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