Denuncia penal y protestas por minería ilegal en el Páramo de Pisba en Boyacá

Tunja

En los últimos días integrantes de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) han realizado operativos en zona rural de Socotá, municipio ubicado en el páramo de Pisba, según esa entidad se cerraron 20 bocaminas y dos medidas preventivas, sin embargo la comunidad insiste que no es suficiente y piden que dichos operativos se mantengan y se extiendan en Socha que también está en zona de páramo.

De hecho las comunidades de los municipios de Socha, Socotá y Tasco vienen realizando bloqueos en la vía nacional Socha – Paz de Río, ruta que conduce hacia el departamento de Arauca; según la líder comunal, Liliana Castellanos, con carteles se ubican en el sector de Socha Viejo en contra de la minería ilegal, especialmente en el páramo de Pisba.

“Exigimos al Gobierno Nacional y a Corpoboyacá que inmediatamente actúen en contra de esta ilegalidad en zona de páramo; la ley 1930 ampara la protección de estos ecosistemas, pero el páramo de Pisba está en cuidados intensivos porque están siendo explotado por el carbón y están contaminando el agua que llega a los municipios”, afirmó Liliana Castellanos.

Y es que Heiler Ricaurte, subdirector de Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá efectivamente, junto a los funcionarios, pudieron establecer hallazgos de “drenajes ácidos en la zona” que podrían haber generado afectaciones al suelo y fuentes hídricas”.

Pero las comunidades exigen presencia del director de Corpoboyacá, Herman Amaya; el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, la Agencia Nacional de Minería (ANM), los ministerios de Medio Ambiente, Minas y Energía, la alcaldesa de Socha, Zandra Bernal y el alcalde de Socotá, William Correa.

Las comunidades redactaron un pliego de peticiones con 10 puntos en los cuales solicitan a la ANM y Corpoboyacá la reparación de las afectaciones causadas por la actividad minera, buscando la restitución de los derechos ambientales de las veredas de: Coscativa y Aposentos (Socotá) y El Curital, Sagra arriba y el alto (Socha)

- Comunidades exigen avances en la delimitación del Páramo de Pisba

En el pliego de peticiones las comunidades exigen al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, avance en el proceso de delimitación de Páramo de Pisba con el fin de contar con herramientas jurídicas para la protección de los ecosistemas de alta y media montaña como lo son los páramos.

También se pidió el cierre total del título minero 070 de la empresa Acerías Paz del Río, al parecer por contaminar los acueductos y quebradas de abrevadero de Buracua en el sector Lengua, Calero (Chapa Alta) y Cerezo (Chapa Baja).

Por su parte, el líder ambiental Carlos Estupiñán, sostuvo que hace falta compañía de la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de Socha para continuar las manifestaciones, por algunas confrontaciones con mineros y transportadores se ven afectados por el bloqueo de la vía nacional.

Dice, el líder ambiental, se van organizar desde las 9 de la mañana de este 11 de mayo un nuevo bloqueo. “El alcalde de Socotá, William Correa, fue la única autoridad que se manifestó en el punto de concentración y expresó su interés, su voluntad de acercar a las comunidades con la institucionalidad en todas sus ramas”.

Así mismo, insiste que los operativos se deben realizar en Socha Viejo, donde las comunidades están denunciando afectaciones de centros de acopio.

- Radican denuncia penal contra autoridades municipales de Socha

Francisco Cipagauta, líder de  la comunidad confirmó que un grupo de 15 personas en representación de la comunidad radicó una denuncia penal ante la Fiscalía contra la alcaldesa de Socha, Zandra Bernal, por supuesta falta de exigencia para controlar la minería ilegal en el páramo de Pisba que está disparada desde hace dos años.

“Las 15 personas que representa a la comunidad están denunciando prevaricato por omisión y abuso de autoridad; exigen protección de sus derechos colectivos y fundamentales para que tengan acceso al agua de sus acueductos”, dijo Cipagauta.

Dijo que Corpoboyacá en una resolución le ordenó a la Alcaldía el cierre de 40 bocaminas y aunque la administración municipal, la autoridad ambiental y la inspectora hicieron los cierres, “no han sido rigurosos en controlar que no se vuelva a reabrir esas bocaminas, es un hecho muy grave porque dichos bocaminas están muy cerca de los acueductos rurales”.