Polémica por condiciones de expedientes judiciales de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas

Esta semana trascendió un video en el que unas funcionarias de un juzgado de familia intentaban encontrar un expediente de un proceso de sucesión.

Esto sería normal si estas mujeres no estuvieran rodeadas de miles de expedientes regados en una bodega, en bolsas que hacen físicamente imposible encontrar el expediente y poniendo en riesgo la eficiencia de la justicia colombiana.

W Radio conoció los dos contratos que llevaron a que el traslado de los expedientes judiciales de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas terminara de esta manera. El Consejo Superior de la Judicatura contrató de manera directa a la empresa Innpacific para preservar y guardar más de 250.000 expedientes judiciales. Este contrato dura 44 meses por un valor de $10.620.544.752.

Con la misma empresa, se celebró un contrato de transporte para trasladar esa cantidad de expedientes por $1.262.7000 con un plazo de 60 días para ser ejecutado.

De los tres proponentes, dos de ellos hicieron una oferta económica similar de aproximadamente 19.000 millones de pesos. En cambio, Innpacific hizo una oferta artificialmente baja, un 56% menos que los otros dos competidores, por lo cual fue elegida por la Judicatura. Pero como dicen que lo barato sale caro, ya que no se estarían cumpliendo con los objetivos del contrato y afectando el acceso a la justicia.

El objetivo de la contratación es preservar los expedientes y mejorar los tiempos de respuesta en procesos que necesiten desarchivarse. Entre las obligaciones del contratista, deben contar con la estantería metálica propia instalada para almacenar y custodiar la totalidad del archivo físico.

Por esta razón, no es claro por qué miles de expedientes están regados en el piso, alertando así sobre un posible incumplimiento del multimillonario contrato.

La W consultó con el Consejo Superior de la Judicatura, que finalmente envió un comunicado titulado: “La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá trabaja para superar el déficit operacional en archivo de procesos ya fallados”.

En el comunicado, establecen que se encuentran trabajando para el traslado de los procesos. Sin embargo, los contratos fueron firmados a finales de 2022, por lo cual los funcionarios judiciales llevan más de cinco meses lidiando con esta bodega.

El director que firmó estos contratos, tanto de trasporte como de la bodega, es el jurista Pedro Alfonso Mestre Carreño, quien además aparece en la lista de personas inscritas como aspirantes al cargo de magistrado del Consejo Superior de la Judicatura.

La W buscó al señor Mestre, exdirector Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas quien optó por no hablar. El director actual, José Camilo Guzmán, aclaró que se acoge a lo que diga la judicatura y dijo que está intentando desenredar el “chicharrón” que le dejó la anterior administración.

La empresa Innpacific aclaró que “las imágenes objeto de polémica, debemos informar que el estado del archivo que se mostró en piso obedecía a una razón técnica y es para que el momento en que se realizó la visita, la empresa seguía en proceso de clasificación y acomodación de los expedientes”.

Aclararon que han cumplido con sus obligaciones y los expedientes están en las bodegas de la Rama Judicial en las condiciones pactadas e incluso advierten que se trataría de un chantaje y ataque hacia la empresa.