Secretariado obligaba a cada exFarc a cargar una mina antipersona en el bolso

La W conoció por medio de fuentes en la JEP el documento de 40 hojas en el que la Procuraduría solicitó a la jurisdicción ahondar en la investigación sobre armas y explosivos violatorios del DIH en Urabá a partir de las dolorosas confesiones de varios de los exguerrilleros, entre ellas las de los excombatientes conocidos como alias “León”, alias “Elkin”, alias “Conrado”, alias “Ramiro” alias “Farid”, miembros de las Farc en el periodo entre 2000 y 2010.

“...resulta necesario profundizar en el tema del uso de armas de guerra prohibidas por las normas internacionales, como minas antipersona y diferentes tipos de bombas para establecer quién y por qué decidieron utilizar este tipo de elementos explosivos. (...) De manera particular, frente a los relatos de los comparecientes en llamamiento, este tema pudo haberse profundizado con el señor Arlinse Tuberquia, quien manifestó tener órdenes de minado por los lados de Yupigrande” sentenció el ministerio público.

Entre el repertorio de crímenes develados por la Procuraduría frente al uso de explosivos prohibidos por el DIH, reveló el testimonio de uno de los explosivistas del Frente 5 de la guerrilla, quien afirmó que por orden del secretariado cada guerrillero debía llevar una mina antipersonal en su bolso. El excomandante del Frente 58, Jhoverman Sánchez de hecho, ya había dicho algo similar pero con granadas.

“Esta acción defensiva de la guerrilla devino, según las versiones analizadas de los comparecientes, de una política orientada directamente por el Secretariado, según la cual todos los guerrilleros debían cargar en su morral una mina antipersonal, conforme lo sostuvo Ricardo Antonio Higuita Tuberquia, explosivista del Frente 5, o llevar consigo una granada de fragmentación como lo afirmó Jover Man Sánchez excomandante del Frente 58″ señaló el ministerio público.

Incluso, el procurador Alonso Pío Fernández reprochó, analizando lo retratado por excombatientes “rasos”, que dichas órdenes mostraban un profundo desinterés de los altos mandos como el secretariado por el bienestar de los guerrilleros, portando esos explosivos sin capacitación alguna para su uso o muy precaria (uno de los interrogados afirmó que solo recibió una inducción de 20 minutos), lo cual ponía en riesgo su integridad y vida.

Incluso, se mencionó por ejemplo la confesión de uno de los excombatientes, quien afirmó ante la JEP que en un atentado que iban a realizar contra la fuerza pública se planteó la utilización de un “balón bomba” que iba a ser lanzado.

Como último y no menos importante, dentro de los relatos de los exguerrilleros recogidos por la Procuraduría en el escrito en poder de La W, contaron cómo robaron y quemaron en 2004 los elementos que llevaba un personal de la salud que se desplazaba a la vereda La Unión de Carepa (Antioquia) con el fin de realizar una brigada y atender a la población civil.

“...ya tenían todas las cosas recogidas en costales, señaló “salimos por un caño arriba y por allá le prendimos candela a esas cosas más no supe qué era lo que había ahí, yo sí vi por encima unos computadores portátiles, unas agendas, unos cuadernos” confesó Arlinse Tuberquia “Ramiro”.

EL RECONOCIMIENTO QUE QUEDÓ FALTANDO FRENTE A CRÍMENES SEXUALES Y OTROS

Además de los crímenes producto del uso de explosivos no convencionales, el ministerio público solicitó un mayor compromiso de parte de los exintegrantes del Frente 5 de las Farc así como de otras facciones guerrilleras frente a la comisión de abusos sexuales, enrostrando que aunque los excombatientes interrogados señalaron no tener conocimiento, las víctimas han mencionado distintos hechos que padecieron.

“Es importante que desde este grupo subversivo que hizo parte del conflicto armado interno se reconozca la ocurrencia de los hechos de violencia sexual de los cuales son responsables, como voluntad de aporte a la verdad y como parte de las medidas de reparación, para que deje de ser una conducta que ha querido invisibilizarse y minimizarse por todos los actores armados del conflicto” indicó la Procuraduría.

Adicionalmente, el ministerio público extrañó que no se profundizara en esclarecer los hechos relacionados con desplazamiento forzado, y puso en consideración la calificación de homicidio en persona protegida como autores sobre mandos medios y bajos, quienes tomaron la decisión de matar civiles aunque esa no fuese la orden emanada de los mandos superiores en determinados casos.