Corrupción: Fiscalía imputa cargos a exgobernador de Amazonas

Ante el Tribunal Superior de Bogotá la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al exgobernador de Amazonas, Carlos Arturo Rodríguez Celis, por su supuesta responsabilidad en las irregularidades que se habrían presentado en los trámites de un contrato para implementar un proyecto de generación alternativa de energía.

Según la investigación el exgobernador habría desatendido las alertas que varios órganos de control hicieron sobre la licitación que estaba avaluada en de 26.869 millones de pesos.

También se estableció que en marzo del 2015, el exgobernador solicitó ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Centro – Sur que fuera aprobado el proyecto y garantizar su ejecución con los recursos del Sistema General de Regalías.

Se advirtió por parte del delegado del ente investigador que se habrían desconocido varios requisitos claves para lograr la autorización.

Entre las fallas detectadas se encuentran que “la propuesta no estaba contenida ni soportada presupuestalmente en el Plan de Desarrollo de Amazonas 2012 – 2015, como lo exige la ley; ni tenía el respaldo técnico de la Empresa de Energía para el Amazonas (ENAM), que era la entidad concesionaria encargada de la generación y prestación del servicio de energía en el departamento”, señaló la Fiscalía.

Cómo elementos materiales probatorios el ente investigador cuenta con que la Gobernación presentó dos certificaciones para subsanar las fallas que se habían detectado supuestamente.

Sin embargo, una de ellas tenía información falsa con la que se “pretendía justificar la presencia del proyecto en el plan de desarrollo, sin que en realidad existiera mención alguna en él; y otra suscrita por una empresa que tuvo a su cargo el suministro de energía, antes que ENAM, y que no podía certificar ni dar viabilidad técnica al proyecto”, precisó la Fiscalía.

También se concluyó que al parecer los funcionarios del OCAD fueron inducidos a cometer errores y por ello, autorizaron el plan de inversión de generación alternativa de energía.

En medio de esa situación tanto el Ministerio de Minas y Energía y ENAM alertaron al exgobernador sobre la necesidad de frenar o suspender la licitación del proceso contractual por las presuntas irregularidades que para ese entonces habían sido descubiertas.

“Lejos de atender cualquier advertencia, el entonces mandatario celebró el contrato No. 955 del 21 de septiembre de 2015, con el objeto de desarrollar soluciones energéticas híbridas para el abastecimiento de energía eléctrica en las comunidades indígenas de Puerto Nariño, Macedonia y San Martín de Amacayacu (Amazonas), y su contrato de interventoría 957 de 21 de septiembre de 2015, por un valor superior a 26.869 millones de pesos”, mencionó la Fiscalía.

Otra de las grandes fallas fue que las poblaciones que supuestamente se iban a beneficiar ya tenían energía eléctrica y una de ellas no era la misma que fue incluida en el proyecto inicial que presentó la Gobernación de Amazonas ante el OCAD para que fuera aprobado el uso de regalías.

Debido a esto, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y fraude procesal, sin embargo no los aceptó.