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Instalan Mecanismo de Veeduría del cese al fuego entre Gobierno y Estado Mayor de las Farc

En el mes de mayo se instalará la Mesa de Conversaciones de Paz.

Foto: Oficina del alto comisionado para la paz

Foto: Oficina del alto comisionado para la paz

En el centro de Bogotá se instaló oficialmente el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación que logrará determinar sí se cumple o no con el cese el fuego entre el Gobierno y el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.

Este cese el fuego temporal fue decretado por el presidente Gustavo Petro a través de un decreto a finales del año pasado, para lograr así el objetivo de la paz total en todo el país.

Para instalar oficialmente este mecanismo, se atravesó un largo camino en el que incluso el Gobierno solicitó a la Fiscalía General de la Nación la liberación de algunos miembros de esta guerrilla para lograr los acercamientos debidos, por eso también la Oficina del Alto Comisionado para la Paz confirmó que ya “concluyó con éxito la operación de retorno de los miembros de esa organización a sus respectivos lugares de origen. Aquellos a quienes se les permitió salir temporalmente de centros carcelarios han vuelto a sus sitios de reclusión. Las operaciones fueron acompañadas por delegados de entidades multilaterales, de la iglesia y del cuerpo diplomático acreditado en Colombia, de acuerdo con el protocolo establecido”.

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Luego de la instalación de esta mesa se dará inicio a una segunda fase, definida como dialógica bajo los preceptos de la política de Paz Total. Así mismo, el próximo mes de mayo se instalará formalmente la Mesa de Conversaciones de Paz entre el Gobierno nacional y el EMC-FARC, cuyo soporte legal se encuentra en la Ley 2272 de 2022.

Para esta nueva Mesa de Conversaciones el Gobierno ya recibió oficialmente los nombres de cinco delegados de las EMC-FARC que harán parte de la Mesa de Conversaciones de Paz. Por eso, una vez más el Gobierno solicitó a la Fiscalía General de la Nación la extensión de la ejecución de las órdenes de captura vigentes en contra de esas personas, con el objetivo de que puedan cumplir con las responsabilidades del proceso.

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