JEP vincula y cita a más empresarios por despojo paramilitar de tierras en Urabá

La W conoció en primicia que la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) vinculó formalmente y ordenó rendir versión voluntaria por escrito a los exrepresentantes legales de Urapalma S.A. Héctor de Jesús Íñigo y su esposa Katia Sánchez Mejía, y al exrepresentante legal de Palmadó Héctor Duque Echeverry.

Lo anterior por cuenta de su participación probada en el plan criminal de las Autodefensas en Córdoba para la utilización y adecuación de tierras despojadas en el Bajo Atrato (Chocó) (luego de la Operación Génesis del general Rito Alejo del Río) para que terminaran siendo usadas para cultivo de palma africana a gran escala, con el estímulo principal del exjefe paramilitar Vicente Castaño.

Ante tal situación y la condición de terceros civiles de los procesados (al no integrar orgánicamente la estructura paramilitar) los jueces determinaron vincular a los exejecutivos condenados a rendir su testimonio por escrito, un mes después de que les sean trasladados los informes que los comprometen.

El prontuario criminal de los vinculados

Héctor Duque Echeverry, exrepresentante legal de Palmadó S.A

Echeverry fue condenado por su relación con el grupo paramilitar y hacer parte de la operación criminal de apropiación de tierras en Jiguamiandó y Curvaradó en el Bajo Atrato chocoano, en su condición de socio y exrepresentante legal de Palmadó (donde la esposa del exjefe paramilitar Raúl Hasbún integraba la junta directiva).

“Para la ejecución de este proyecto se creó la firma Palmadó, de la que el señor HECTOR DUQUE ECHEVERRY fue socio y representante legal, fundada por el señor Luis Fernando Zea Medina y la señora María Isabel Correa, esposa del comandante paramilitar del Bloque Bananero Raúl Emilio Hasbún Mendoza” sentencia el expediente.

Hernán Íñigo de Jesús Gómez

El exprofesor de la Universidad del Rosario, exdirector de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y exasesor de procesos de paz con el ELN y M-19 con el gobierno fue condenado por su participación en el entramado criminal de apropiación de las tierras en el Bajo Atrato por parte de las Autodefensas bajo otra de las empresas: Urapalma S.A. de la cual fue representante legal.

De hecho fue vinculado directamente por exjefes paramilitares como Freddy Rendón ‘El Alemán’ como “asesor” de los excomandantes de la casa Castaño (Carlos y Vicente) y ser llamado ‘Hernancito’, quien participó en la empresa mediante su esposa Katia Sánchez Mejía, también exrepresentante legal de Urapalma.

“Tanto su participación en la creación de la empresa de marras, su grado de confianza y proximidad con la Casa Castaño y paramilitares de alto grado de jerarquía, como lo son RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA y FREDY RENDÓN HERRERA, al punto de que se refieren a él como ‘Hernancito’, y el cargo de confianza que desempeñaba su compañera SÁNCHEZ MEJÍA en URAPALMA, desdicen su ajenidad al proyecto de la palma y, por el contrario, demuestran su gran aporte en la empresa criminal y en los hechos delictivos” señala la decisión que lo condenó en su momento.

De hecho, Íñigo Gómez se comprometió a “hablar de su labor como asesor para la desmovilización de las AUC, la relación de las empresas palmicultoras con las Autodefensas, políticos “de Córdoba y del nivel nacional, desconocidos hasta ahora, y no juzgados en lo que se denominó el proceso de la parapolítica” así como la “complicidad” del Incoder para la legalización de predios despojados.

“En cuanto a la participación del señor HERNÁN GÓMEZ HERNÁNDEZ, la sentencia condenatoria resaltó que el testimoniante RAÚL HAZBÚN alias ‘Pedro Bonito’ señaló que participó en reuniones en las que estuvo VICENTE CASTAÑO GIL, JAVIER DAZA PRETELT, LUIS DONACIANO RIASCOS (palmero del Magdalena), ITALO CIANCI VEGA, y HERNÁN IÑIGO DE JESÚS GÓMEZ HERNÁNDEZ” se lee en el expediente.

Katia Sánchez Mejía, exrepresentante legal de Urapalma S.A.

La esposa de Hernán de Jesús Íñigo fue condenada al ser accionista de la empresa palmera y ser su representante legal también, de hecho, fue quien en 2006 acudió al Incoder a solicitar el saneamiento de tierras que tenían un pasado de despojo, particularmente tras el desplazamiento forzado generado en la Operación Génesis (realizada por el Ejército y las Autodefensas).

De hecho, en su plan de aporte a la verdad, aceptó la relación directa entre las Autodefensas de los Castaño y las empresas palmeras de la zona del Bajo Atrato, como Urapalma, y afirmó que dicho proyecto criminal tuvo también como intención detener el control territorial de las Farc al ser una zona estratégica.

“La composición accionaria real de Urapalma resultaba, en un porcentaje mayoritario, de propiedad de Vicente Castaño, lo cual permitía que existiera una confluencia clara de intereses de las AUC (uno de cuyos líderes era Vicente Castaño) y de intereses de la empresa. Las metas de tipo económico que aparentemente eran particulares se unían, entonces, a las expectativas y necesidades de control de los grupos de autodefensa” afirmó Sánchez Mejía.

Ante la claridad de esos y otros aportes iniciales realizados por la actualmente condenada exejecutiva, la magistratura ordenó a Sánchez Mejía que en su plan de aporte a la verdad por escrito hable de otros temas.

“La vinculada al macro-caso 04, deberá exponer y priorizar en su relato escrito las prácticas y hechos del que tuvo conocimiento de manera directa o indirecta, en relación con hechos de graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario” concluyó la jurisdicción.

Finalmente, se dio un término de 20 días a las víctimas y a la Procuraduría para que envíen preguntas por escrito que sean adicionadas antes al cuestionario que se dirigirá a los tres para-empresarios.