Brasil pretende acelerar la ratificación del Acuerdo de Escazú
Este acuerdo tiene como objetivo establece normas para el acceso a la información, la participación pública y el derecho a la justicia en asuntos medioambientales.
Lula da Silva y acuerdo de Escazú | Fotos: Colprensa
El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva pretende acelerar el proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú, firmado por el país en 2018, pero aún no presentado al Parlamento para el debido análisis, informaron este jueves fuentes oficiales.
El Acuerdo de Escazú es el único tratado ambiental de América Latina, pionero en el mundo en la protección de los ecologistas y en 2018 fue firmado por el Gobierno del entonces presidente brasileño, Michel Temer, pero su sucesor, el ultraderechista Jair Bolsonaro, no lo remitió al Parlamento para su ratificación.
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Sônia Guajajara, titular del nuevo Ministerio de los Pueblos Indígenas, creado por Lula el pasado 1 de enero, cuando asumió el poder, dijo este jueves en un evento con grupos ecologistas que el texto del acuerdo latinoamericano deberá ser presentado a las cámaras legislativas en las próximas semanas.
Tanto Guajajara como autoridades del Ministerio de Medio Ambiente presentes en el acto calificaron de “histórico” el acuerdo, sobre el cual que la ministra aseguró que Brasil “no puede estar afuera”, sobre todo con un Gobierno como el de Lula, que se “ha comprometido con la protección de los pueblos indígenas” y la Amazonía.
El director del departamento de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Mauro Pires, adelantó incluso que se estudia la posibilidad de que Brasil envíe una delegación a una conferencia del Acuerdo de Escazú que se celebrará este mismo mes en Buenos Aires.
El acuerdo establece normas para el acceso a la información, la participación pública y el derecho a la justicia en asuntos medioambientales, entre otras cuestiones.
Fue consensuado en la ciudad costarricense de Escazú en marzo de 2018 y firmado por 24 países de América Latina y el Caribe.
Entró en vigor en 2021 y hasta ahora ya ha sido ratificado por 15 países: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay.