Masacre de Chengue: Consejo de Estado vuelve a condenar a la Nación

El Consejo de Estado responsabilizó nuevamente a la Nación, en cabeza del ministerio de Defensa y la Policía Nacional, por la masacre de Chengue, ocurrida en el municipio de Ovejas, Sucre en enero de 2001. En esta decisión también determinó que el coronel (r) Norman León Arango, no deberá asumir la responsabilidad patrimonial para reparar a las víctimas.

Esta decisión la tomó el alto tribunal, porque a pesar de que la Nación había sido condenada por estos hechos por el mismo Consejo de Estado al determinar que no se garantizó la seguridad de la comunidad pese a las amenazas, el mismo Estado colombiano demandó, diciendo que la responsabilidad recaía únicamente en el coronel que estaba de turno ese día, es decir de Norman León Arango por presuntamente omitir proteger al corregimiento, a pesar de las alertas de un atentado, es decir que, el Estado le echó la culpa al Coronel y reclamó porque no se le hubiera condenado a él.

Por lo que el Consejo de Estado estudió una apelación de la Nación en contra del Tribunal Administrativo de Sucre, que había absuelto al coronel, y determinó que no debe asumir la reparación para las víctimas, porque la Policía no estructuró bien la imputación, ni logró probar el dolo con el que se dice que el coronel Arango dejó que los integrantes de las AUC Autodefensas Unidad de Colombia perpetraran la masacre de Chengue.

Aunque la Nación estaba pidiendo un reembolso de más de $800.000 millones y que tenían que ser asumidos por el coronel, el alto tribunal niega las pretensiones y enfatiza en que: “Así, para la Sala no cabe duda de que los hechos que aquí fueron probados y que rodearon la masacre de Chengue implicó una falla del servicio de seguridad como fue declarado”, no comprende el Consejo de Estado: “cómo la Policía Nacional, ante una situación de suma gravedad como la masacre de Chengue, considerable como una grave infracción a la Convención Americana de Derechos Humanos y a las reglas del Derecho Internacional Humanitario, se decida a desplegar las acciones judiciales a su lugar, sin siquiera ofrecer tintes de eficiencia ensuciar uso a través de una enunciación clara y precisa y contundente”, señala el Consejo de Estado.