Doña Juana: Tribunal de Arbitramento condena al Distrito a pagar 65.000 millones de pesos
Según la mandataria, el fallo significa que CGR Doña Juana no ganó ni logró lo que quería, y que los bogotanos no tendrán que pagar la suma exigida por la empresa,
Imagen Relleno Sanitario Doña Juana / Colprensa / Camila Diaz
Bogotá
El Tribunal de Arbitramento ha dado a conocer su fallo en el litigio entre CGR, el operador del relleno Doña Juana, y la Uaesp, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, condenando al Distrito de Bogotá a pagar 65.000 millones de pesos.
A pesar de ser una cantidad significativa, es mucho menor que la suma que había exigido CGR, que ascendía a 1,2 billones de pesos por una supuesta insuficiencia tarifaria. Este fallo marca el final de una relación contractual conflictiva de alrededor de 13 años, y aunque algunos juristas creían que la decisión podría haber implicado una condena billonaria a la ciudad, resultó ser una sentencia parcial contra el Distrito.
El Tribunal de Arbitramento reconoció algunas de las pretensiones de CGR, el operador del relleno, y otras de la Uaesp. Ante la decisión, la alcaldesa Claudia López anunció que analizará el fallo en detalle y solicitará las respectivas aclaraciones al tribunal.
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Según la mandataria, el fallo significa que CGR Doña Juana no ganó ni logró lo que quería, y que los bogotanos no tendrán que pagar la suma exigida por la empresa ni se otorgará una nueva licencia para operar el relleno después de 2024.
La alcaldesa también señaló que este fallo significa el principio del fin del relleno Doña Juana.
En la licitación de la operación del relleno sanitario en 2009-2010, el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) ganó la licitación gracias a que ofreció un descuento del 10% sobre la remuneración, lo que le dio una ventaja sobre los otros dos proponentes. Sin embargo, poco después de iniciado el contrato, comenzó a reclamar por los costos de la operación y las tarifas.
El Tribunal de Arbitramento se conformó en 2019 y solo en julio de 2022 las instancias definieron los nombres de los árbitros principales. Ellos estudiaron el litigio y pronunciaron su fallo sobre las pretensiones de cada una de las partes. Este organismo tenía plazo hasta el 25 de abril de 2023 para pronunciarse en el caso entre el operador y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).
El tribunal de arbitramento no accedió a la solicitud de la Alcaldía de Bogotá de dar por terminado el contrato de concesión ni generó obligaciones por el incumplimiento derivado de no construir la planta de lixiviados.
El operador CGR, que promovió el tribunal de arbitramento en 2019, alega una insuficiencia financiera causada por las tarifas que tuvo entre 2010 y 2018, que no alcanzaron a cubrir los gastos e inversiones que realizó en ese periodo por disposición de las basuras y el tratamiento de los lixiviados. Así, el contratista pretende que la ciudad le pague por lo que, según argumenta, dejó de percibir en los primeros ocho años de la concesión. Además de esta suma de 1,2 billones de pesos.