Embargan cuentas al alcalde de Cali por caso de cámaras para Policía
La Contraloría General abrió procesos de responsabilidad fiscal con medidas cautelares en casos Emcali e Impretics.
Jorge Iván Ospina. Foto: (Colprensa - Sergio Acero)
La Contraloría General abrió procesos de responsabilidad fiscal con medidas cautelares en casos Emcali e Impretics.
El ente de control encontró irregularidades en un convenio interadministrativo suscrito para el mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras de vigilancia de la Policía de Cali, en la ejecución del contrato y la entrega de las cámaras. El presunto detrimento patrimonial por estos hechos es de $1.854.603.749.
Por este caso quedaron vinculados como presuntos responsables fiscales el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, el secretario de Seguridad y Justicia, el Supervisor del contrato, el gerente general de Impretics y los miembros de la Unión Temporal. A ellos les embargaron sus cuentas bancarias y bienes inmuebles, y adicionalmente se compulsaron copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación.
Por ejemplo, en el caso del alcalde Ospina el ente de control ordenó el embargo de las cinco cuentas en los bancos BBVA, Davivienda y AV Villas, y de siete bienes inmuebles, y un apartamento.
Entre tanto, hay tres asuntos a los que el ente de control les puso la lupa:
- Contratación para reponer los componentes priorizados de las unidades de clarificación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable - PTAP Puerto Mallarino - Fase I.
- ProcesodeResponsabilidadFiscal-LíneadeAducciónPlantade Tratamiento de Agua Potable - PTAP Rio Cali (Barrio San Antonio).
- Proceso de Responsabilidad Fiscal - Atención integral de las actividades derivadas de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, no domiciliarios y sus actividades complementarias e inherentes. Subcontratación sin previo aval de EMCALI.
De otro lado, la Contraloría declaró el impacto nacional por el contrato para la compra de ventiladores mecánicos por parte de la Gobernación del Valle, durante la epidemia del COVID-19, pues no se entregaron los cuatrocientos ventiladores que fueron comprados sino únicamente 49. Por incumplimiento del contrato la aseguradora pagó el siniestro del anticipo del mismo, sin embargo, no cubrió todos los pagos realizados, lo cual generó un presunto detrimento patrimonial de $1.200.000.000.