Superintendencia de Industria y Comercio se toma Ecopetrol buscando irregularidades

Colombia

La Superintendencia de Industria y Comercio tiene graves indicios sobre violaciones a la ley de competencia en Ecopetrol, la primera empresa del país.

Ayer 29 de marzo, a las 8:00 de la mañana, empezó una operación masiva para inspeccionar las sedes de Ecopetrol y sus empresas afiliadas Cenit, Ocensa, Hocol y ODL.

La llamada visita administrativa es –en términos prácticos– un allanamiento.

Decenas de funcionarios de la Superintendencia Delegada para la Promoción de la Competencia llegaron a la sede de Ecopetrol y a sus filiales pidiendo entrevistar a altos funcionarios y exigiendo acceso a sus dispositivos de comunicaciones: computadores empresariales y personales, además de teléfonos celulares. Revisarán correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas entrantes y salientes.

El grupo de investigadores de la Superindustria está compuesto por abogados, economistas e ingenieros especialistas del laboratorio de informática forense.

La visita sorprendió al saliente presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, quien estaba ayer en Medellín y regresó presurosamente a la sede central de Ecopetrol en Bogotá para atender a los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, a quienes les entregó su teléfono celular y su computador personal.

Los investigadores de la delegatura están investigando cinco temas sobre presuntas prácticas restrictivas de la competencia que supuestamente se vienen cometiendo en Ecopetrol:

1. El primero tiene que ver con alegados hechos de corrupción por direccionamientos de contratos hacia empresas que funcionan en la Orinoquía colombiana. Una denuncia que había hecho hace unos días la revista Cambio.
2. El segundo, con la contratación de helicópteros por parte de Ecopetrol y Cenit. En esa contratación –de acuerdo con la hipótesis de la investigación– se ha venido favoreciendo la permanencia multimillonaria del actual proveedor Helistar por encima de sus competidores. Se han creado normas para perpetuar a una compañía en el manejo de ese contrato. Se investiga además el posible tráfico de influencias de un exsenador del partido Centro Democrático, conectado con las presuntas irregularidades.
3. El tercero tiene que ver con la ejecución de órdenes de compra de carros blindados, un tema que estaría relacionado con fichas técnicas y contrataciones amañadas, con los mismos actores del llamado carrusel de los blindados que investiga la fiscalía en otras entidades como la Policía y la Unidad Nacional de Protección. Pues bien parece que el caso tiene un capítulo parecido en Ecopetrol.
4. El cuarto motivo de la visita de la Supertindencia de Industria y Comercio a Ecopetrol está relacionado con una denuncia de abuso de posición dominante interpuesta por una petrolera llamada Odín Petroil.
5. Y el quinto y último motivo está relacionado con la cesión de derechos económicos de exploración de hidrocarburos y gases combustibles que, a juicio de los investigadores, constituyen en la práctica integraciones empresariales que no fueron debidamente informadas y autorizadas.

En cada uno de los cinco aspectos de la investigación podría existir responsabilidad de la alta dirección de Ecopetrol y de su presidente saliente, Felipe Bayón.

Los funcionarios de la Superintendencia se encontraron inicialmente con resistencia por parte de los funcionarios. Los investigadores con la ley en la mano explicaron que la entrega de información no era voluntaria sino que ellos ejercen funciones de policía judicial y que quienes obstruyan su labor pueden ser legalmente sancionados.

El vicepresidente jurídico de Ecopetrol, Fernán Bejarano, quien al comienzo estuvo remolón, envió al final de la tarde un correo electrónico institucional exhortando a todos los funcionarios a responder y a entregar con prontitud sus dispositivos electrónicos de comunicación sin alterarlos. Los investigadores se instalaron en el tercer piso del edificio de Ecopetrol en la calle 36 con carrera 13 de Bogotá.

Y aquí surge uno de los mayores obstáculos encontrados en la inspección: de acuerdo con una fuente conocida de El Reporte Coronell, una alta directiva borró el contenido de su teléfono celular minutos antes de la diligencia. Algo que puede ser interpretado como incumplimiento de la instrucción y obstrucción de la visita.

La directiva que presuntamente borró de afán su teléfono es nada menos que la vicepresidenta corporativa y secretaria general de Ecopetrol, María Paula Camacho.

La información contenida en ese teléfono móvil podría ser instrumental para uno de los puntos de la investigación porque la doctora Camacho ha tenido que ver con Cenit, Ocensa y Ecopetrol y aparentemente estaría relacionada con la cuestionada contratación de helicópteros.

La doctora Camacho les dijo a los investigadores que su teléfono estaba programado para reiniciarse periódicamente. Según los técnicos forenses, la evidencia es distinta y señala que en la tarde de ayer el teléfono fue borrado deliberadamente, supuestamente para ocultar comunicaciones.

La visita se prolongó hasta la medianoche y se reanuda a esta hora coincidiendo con la celebración de la asamblea anual de Ecopetrol, la última a la que asistirá Felipe Bayón como presidente de la empresa más grande de Colombia. Mañana será su última día en la presidencia.

Los investigadores de la Superintendencia de Industria seguirán mañana y posiblemente durante el fin de semana revisando documentos y comunicaciones. Hoy durante la asamblea, terminarán con los vicepresidentes y seguirán con gerentes.

Vicepresidenta corporativa y secretaria general de Ecopetrol, María Paula Camacho, responde

La asamblea general de Ecopetrol inició y hay gran tensión porque simultáneamente se está presentando la visita de la Superintendencia de Industria y Comercio buscando irregularidades en la compañía.

Uno de los hallazgos es que dicen los investigadores es que uno de los teléfonos de una de las más altas directivas de Ecopetrol les fue entregado borrado. Según ellos, la vicepresidenta corporativa y secretaria general de la compañía, María Paula Camacho, quien además actúa de secretaria general de la Junta Directiva, les entregó aparato que había sido borrado.

Ella se comunicó conmigo y me dice que lo primero que tiene que decir es que no borró absolutamente nada y dejó constancia de esto bajo la gravedad de juramento y señala que tiene dos celulares.

“Yo tengo un celular corporativo en el que estaba correo electrónico y teams. El celular se actualizó en el software sin que yo haya hecho alguna intervención, entregué mi celular personal que uso para todas las llamadas y WhatsApp y que jamás borro, todo el dispositivo fue copiado. Solicitaré que sea hagan todas las pruebas técnicas del caso para determinar que jamás borré información, esto lo pueden corroborar con información de terceros porque solo uso un número de celular”, dijo la doctora Camacho.

La fuente inicial dice que el informe forense y experticia de los ingenieros señala que la información del teléfono fue borrado.

Esto algo que se dimitirá en el transcurso de la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio.