Gobierno hablará de salud directamente con congresistas y no con directorios

Hacia la medianoche del miércoles 29 de marzo el Gobierno terminó de configurar su estrategia para intentar aprobar la reforma a la salud después de que se retiraran de la mesa de concertación los jefes del Partido Liberal, el Partido de La U y el Partido Conservador.

Esos tres partidos eligieron el año pasado 39 senadores y 72 representantes a la Cámara. Que sumados a Cambio Radical que tiene 11 senadores y 15 representantes; y al Centro Democrático que tiene 13 senadores y 15 representantes tendrían las mayorías para hundir la reforma y de paso acabar con las mayorías del Gobierno en el congreso.

Sin embargo, en política no siempre 2 más 2 son cuatro. Las matemáticas parlamentarias son distintas.

Hace casi un siglo años Laureano Gómez acuñó la palabra “lentejos” para referirse a los conservadores que respaldaron al presidente liberal Enrique Olaya Herrera e hicieron posible la gobernabilidad de un mandatario que no tenía mayorías parlamentarias.

La expresión “lentejo” viene de la historia bíblica de Esaú y Jacob. Esaú era el hijo mayor de Isaac y perdió su primogenitura porque se la vendió a su hermano Jacob por un plato de lentejas.

Pues bien, el gobierno plantea acordar el trámite de la reforma directamente con senadores y representantes, saltándose las jerarquías de los partidos.

La estrategia terminó de afinarse hacia la medianoche del miércoles 29. El presidente Gustavo Petro y su ministra de salud Carolina Corcho creen que el expresidente César Gaviria no maneja en realidad los votos de los 14 senadores y 32 representantes liberales, muchos de los cuales estarían encantados de negociar directamente con el Gobierno.

Lo mismo piensan que le sucede a Efraín “Fincho” Cepeda con los 15 senadores conservadores y 25 representantes a la Cámara. Fincho, el conservador de la costa, llegó el mes pasado a la presidencia del partido después de moverle la butaca al paisa Carlos Andrés Trujillo quien fue el primer conservador en respaldar a Gustavo Petro.

La estrategia le funcionó pero Fincho dejó pelo en la cerca. Hay un sector de la bancada antifinchista y, sobre todo, amigo de los puestos que da el Gobierno y no la jerarquía conservadora; como han sido desde hace muchos años los hermanos godos.

Para completar el panorama Dilian Francisca Toro, según las cuentas del gobierno, tampoco tiene bajo control a los 10 senadores y 15 representantes del Partido de La U. Su aspiración a la gobernación del Valle la va a llevar a concentrarse en la política local, mientras que los congresistas de la U quieren seguir teniendo interlocución con el Gobierno.

En pocas palabras, el presidente y la ministra de salud empezarán desde hoy diálogos directos con las bancadas de los diferentes partidos. Para algunos esto presagia una “lentejización”, un inminente reparto de mermelada.

El Gobierno, en cambio, sostiene que se trata de devolver el debate sobre las reformas a su escenario natural que es el Congreso y no los directorios políticos, ni la opinión pública.

El presidente Gustavo Petro y la ministra de salud Carolina Corcho siente que cedieron bastante en la concertación con los partidos Liberal, Conservador y de La U. Según ellos, el articulado se modificó y se agregó un capítulo nuevo para incluir las inquietudes de los partidos.

Los voceros de esas colectividades políticas sienten en cambio que el gobierno no hizo ningún cambio de fondo y que el articulado no refleja el contenido de las discusiones en la mesa.

Los jefes políticos dicen que el gobierno no quiere aceptar la figura de la coexistencia del aseguramiento privado, público y mixto.

El gobierno es intransigente en que la figura que están planteando no es de aseguramiento privado sino una extraña combinación en donde el privado asegura pero el reasegurador real es el Estado. Con lo cual siempre gana el privado. Cuando le va bien se lleva las ganancias y cuando le va mal, los contribuyentes pagan.

En definitiva, en la visión del Gobierno Petro, acceder a esa petición de los directorios políticos sería una manera de privatizar las utilidades y socializar las pérdidas.

Los análisis del sector en los que se basa el Gobierno indican que si se aplicaran los estándares financieros apropiados ninguna de las actuales EPS tendría la solvencia para ser un asegurador real. También dice que por años se han cambiado las normas para que el Estado salga en su rescate y que el modelo ya es insostenible.

El gobierno admite que las EPS, que pasarían a llamarse Gestoras de Salud y Vida, sean coadministradoras del sistema, pero no aseguradoras.

El gobierno sostiene que esa línea roja no se puede cruzar porque acceder en últimas sería dejar las cosas como están; y confía en que la concertación será más fácil con las bancadas parlamentarias que con las jerarquías de los partidos.

La primera prueba de fuego del nuevo plan del Gobierno la tendrá en la comisión séptima de la Cámara de Representantes, escogida para iniciar el trámite.

Los ponentes de la reforma a la salud son 9, cada uno de un partido, y muchos de ellos con afinidad política –o burocrática para que hablemos claro– con el Gobierno.

El Gobierno le apostará al poder de la “lentejización”, mientras los directorios políticos analizan si con la ley de bancadas pueden imponer disciplina partidista a senadores y representantes.

El hecho es que la reforma a la salud está muy emproblemada políticamente pero está lejos de estar muerta. Quienes se apresuraron a cantarle los responsos desde ayer, quizás no vieron que los gobiernos tienen en la nómina y el presupuesto dos herramientas que siempre obran milagros en el Congreso.