Centros Poblados: Emilio Tapia intentará de nuevo llevar internet a zonas rurales

Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, explicó en Sigue La W en qué consiste el acuerdo para que dos de los más importantes implicados en el escándalo de Centros Poblados, entre estos Emilio Tapia, puedan reparar a las víctimas afectada intentado llevar, nuevamente, internet a las zonas rurales del país.

“Esta es una propuesta transparente y clara que tendrá la presencia de un tercero neutral que es la Universidad Libre (…) este proceso de mediación es un desarrollo normativo que está establecido en la Ley y por esa razón no se trata de una concesión particular ni de un acto voluntario que no tenga un respaldo normativo”, explicó Zamora.

Frente a lo anterior señaló que en el capítulo de Justicia Restaurativa del Código Penal, “allí está desarrollado a partir del artículo 523 en el cual se establece la posibilidad de buscar una mediación como una de las figuras que van a permitir la recuperación de los recursos en favor del Estado”.

Así mismo, aseguró que el desarrollo y reglamentación está en manos de la Fiscalía General de la Nación, “quién actúe como mediador tiene que estar certificado por la Fiscalía y cumplir unos requisitos, en este caso la Universidad Libre”.

¿En qué consiste el acuerdo?

En cuanto a los pasos para llevar a cabo este acuerdo en el que participará Tapia, la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado mencionó que el Centro de Conciliación de la Universidad Libre, en un acto de responsabilidad, conformó un equipo de profesores como respaldo académico con una estrategia de atención al caso en varias etapas.

Zamora señaló que una de las etapas es la preparatoria, en la que hicieron el análisis de las posibilidades de la universidad para el compromiso del caso.

“Ahora iniciarán unas audiencias individuales con cada uno de los involucrados y sus abogados para que la Universidad Libre escuche la propuesta de los procesados y seguir dando cuerpo a esa propuesta y así determinar los compromisos y claridad alrededor de puntos de conexión, costos, equipos, lugares de ubicación, tiempo y garantías”, explicó.

Financiación

Por último, sobre la financiación para este acuerdo, Zamora manifestó que el proceso de recuperación de recursos es por varias fuentes, “una parte es el proceso penal, acción popular que está en curso en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, las acciones ante la Jurisdicción de lo contencioso, y también hay presencia de la Superintendencia de Sociedades, Procuraduría y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado”.

“En cuanto al proceso penal hay un compromiso en aporte de manera de reintegro que es requisito para un preacuerdo. O sea que allí hay un componente de devolución de recursos importante en cada uno de los involucrados que corresponde a un monto importante”.