La ministra de Salud<b>, Carolina Corcho, tiene 10 días para responder un requerimiento de la Procuraduría para asuntos constitucionales</b>, que tiene que ver con el cumplimiento de la sentencia que ampara el derecho a donar sangre de las personas LGBTI.Esta sentencia de la <b>Corte Constitucional impartió varias órdenes tanto el ministerio de Salud</b>, al Instituto de Salud, a la Fundación Valle de Lili, para modificar la normatividad y realizar campañas y capacitaciones pedagógicas acerca de eliminar la categoría de: “hombres del mismo sexo y población Trans como factores de riesgo” para donar sangre.La serie de órdenes además <b>solicita un protocolo y un lineamiento técnico para la selección de donantes de sangre</b>, que estaría a cargo del Instituto Nacional de Salud y al ministerio como coordinador de la Red Nacional de Bancos de Sangre.En el requerimiento de urgencia de la Procuraduría, también se le solicita a Helver Rubiano director del INS, eliminar de la base de datos del Sistema de Información en Hemovigilancia a todas las personas diferidas únicamente por su orientación sexual, y finalmente al director de la fundación Valle de Lili, por la que se expidió la sentencia T-171 de 2022, Vicente Borrero Restrepo, remitir al juzgado de familia de oralidad de Cali, un informe de cumplimiento.