Firmantes de paz en Caquetá denuncian amenazas y asedio de disidencias

Los firmantes de paz y exintegrantes del desaparecido Bloque Sur de las extintas FARC-ep en Caquetá, denunciaron intimidaciones provenientes de los grupos de disidentes que delinquen en ese departamento en las que se incluyen amenazas de muerte.

A través de una comunicación escrita le informaron al Gobierno, “en medio de este ejercicio de compromiso a la respuesta de las demandas de las víctimas y reconstrucción de verdad se dan a conocer múltiples situaciones que atemorizan la seguridad de toda la población de firmantes del acuerdo de paz y los comparecientes ante este macro caso, la situación de amenazas contra la vida e integridad física de quienes se encuentran en el territorio donde se han presentado intimidaciones y atentados de por lo menos, de uno de los comparecientes”.

Uno de los aspectos que llama la atención es la presunta persecución contra los reinsertados de parte de la Fiscalía General con la activación de procesos judiciales, “Este último hecho presente en otros momentos de la reincorporación configura un nuevo montaje y entrampamiento, si se quiere, temerario en contra de quienes de manera decidida han optado por apostarle a la paz a reconocer verdad y cumplir con su régimen de condicionalidad”.

De esa manera destacan, “Casos emblemáticos como el de Daniel Bolaños Trujillo, conocido anteriormente como ‘David”, durante el conflicto, un caso judicial relevante de firmantes del acuerdo de paz donde los elementos probatorios en justicia ordinaria le han dado la libertad; Similar, al caso de Julián Rojas Duque, porque la Fiscalía no pudo demostrar ninguna evidencia sólida y fue vencida en juicio”.

Además señala “el proceso a Fabio Martínez Rodríguez, quien está judicializado por las acciones de otra persona quien sí cometió el hecho delictivo y hoy está muerto. Sin embargo, será la jurisdicción ordinaria quien tome la decisión con todo el material probatorio que tiene su defensa y demostrarle a la Fiscalía el error judicial que está cometiendo. Así como también “el caso de Diego Mejía Rojas, firmante del acuerdo y quien ve vulnerada su seguridad jurídica ante la Jurisdicción Especial de Paz por no analizar toda la carga probatoria y aporte de verdad que esta persona ha dado ante la JEP, y no se ha tenido en cuenta. Demostrando las prácticas continuadas que buscan deslegitimar e impedir la reincorporación de los firmantes”.

De igual forma se manifiesta, “Frente a la seguridad física, y temores contra la vida. Tenemos el caso de Franklin González quien sufrió un atentado en diciembre de 2022; el asesinato de Ronald Rojas quien fue integrante de uno de los frentes; el asesinato de Jorge Santofimio, líder de la reincorporación; y otros más. Que deben ser conocidos por el país atendidos por la justicia, y la institucionalidad. Por lo cual es urgente que la Fiscalía General, transparente la información y la entregue en su totalidad al equipo de defensa, y no de manera fraccionada e incompleta”.

Finalmente los reinsertados esperan una intervención serie del Gobierno con relación a estas denuncias en beneficio de los firmantes, y de las víctimas del conflicto armado.

“De mantenerse esta situación se pone en riesgo la obtención de información para la satisfacción de demandas de verdad de las víctimas por parte de los comparecientes y firmantes de paz, recordemos que más de 370 personas en proceso de reincorporación han sido asesinadas; Se han presentado más de 800 hechos de amenazas e intimidación, y 32 casos de desplazamiento forzado individual y colectivo”.

Por lo que, “la sociedad colombiana, el Estado, y el andamiaje institucional creado para implementar el proceso de paz y la reincorporación no puede ser indiferente ante este tipo de situaciones que atentan en contra del acuerdo final de paz y los nuevos procesos de diálogos abiertos por el gobierno del Presidente Gustavo Petro”.